Un juez federal en Michoacán ha desatado polémica al otorgar un amparo al grupo musical Los Alegres del Barranco, permitiéndoles interpretar narcocorridos en eventos públicos del estado. La decisión suspende temporalmente un decreto estatal que prohíbe canciones que promuevan la apología del delito, desatando un debate sobre la libertad de expresión y la seguridad pública.
El fallo, emitido por el juez Sergio Santamaría Chamú del Juzgado Primero de Distrito, se dio en el marco del juicio de amparo 518/2025. El juez argumentó que la prohibición afecta derechos fundamentales como la libertad de expresión y el derecho al trabajo, protegidos por la Constitución mexicana. La medida cautelar beneficia únicamente a la agrupación, mientras el decreto estatal sigue vigente para otros casos.
Los Alegres del Barranco, conocidos por sus corridos que hacen referencia al Cártel Jalisco Nueva Generación, han estado en el centro de controversias recientes. En Jalisco, enfrentan cuatro carpetas de investigación por presunta apología del delito tras proyectar imágenes de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, en sus conciertos. Estas acciones han generado críticas por glorificar la violencia y el crimen organizado.
El decreto michoacano, publicado el 16 de abril de 2025 en el Periódico Oficial del Estado, busca frenar la interpretación de narcocorridos en espacios públicos. La normativa prohíbe géneros como “corridos tumbados” o “corridos bélicos” que promuevan actos ilícitos, argumentando que fomentan la cultura de la violencia en una región afectada por el crimen organizado.
El gobierno de Michoacán, encabezado por el morenista Alfredo Ramírez Bedolla, reaccionó rápidamente al amparo. El secretario de Gobierno, Carlos Torres Piña, anunció que presentarán una queja ante un Tribunal Colegiado del Poder Judicial de la Federación para revisar la decisión del juez. Torres Piña señaló que el fallo va en contra del interés público y promueve la apología del delito.
La controversia se intensifica porque Los Alegres del Barranco tienen programado un concierto el 30 de mayo en Tziritzicuaro, Michoacán. Este evento, anunciado en redes sociales, podría convertirse en el primer escenario donde la agrupación aproveche el amparo para interpretar sus narcocorridos, desafiando las restricciones estatales.
El juez fijó una audiencia incidental para el 15 de mayo de 2025, donde se decidirá si la suspensión provisional se mantiene o se revoca. Mientras tanto, la medida garantiza que las autoridades no realicen operativos contra los eventos de la agrupación, lo que ha generado críticas de sectores que consideran que el fallo debilita los esfuerzos contra la violencia en la región.
La decisión ha reavivado el debate sobre los límites de la libertad de expresión frente a la seguridad pública. Michoacán, uno de los estados más golpeados por el crimen organizado, busca reducir la influencia de mensajes que glorifiquen a figuras del narcotráfico, mientras artistas como Los Alegres del Barranco defienden su derecho a expresarse a través de su música.
La estrategia de la agrupación también ha sido cuestionada. En recientes presentaciones en Jalisco, evitaron sanciones al proyectar letras de sus corridos en pantallas para que el público las cantara, una táctica que ha generado críticas por burlar las restricciones legales. Este enfoque ha complicado aún más el panorama legal en torno a los narcocorridos.
Mientras el caso avanza, la sociedad michoacana permanece dividida. Algunos ven el amparo como una defensa de la libertad artística, mientras otros lo consideran un retroceso en la lucha contra la normalización de la violencia. La resolución final del caso podría sentar un precedente clave en el debate sobre los narcocorridos en México.