En los juzgados federales de Puente Grande, Jalisco, se lleva a cabo la audiencia inicial contra José Ascensión Murguía, alcalde de Teuchitlán, acusado por la Fiscalía General de la República de encubrir a una organización criminal. La detención del edil, emanado de Movimiento Ciudadano, ha generado revuelo en la región debido a su presunta vinculación con el Cártel Jalisco Nueva Generación.
Murguía fue detenido el pasado 3 de mayo por elementos de la Agencia de Investigación Criminal. La operación se realizó de manera sigilosa, sin la participación de autoridades locales, lo que ha levantado sospechas sobre la posible protección que el alcalde pudo haber recibido previamente. La FGR lo señala por delitos graves como delincuencia organizada y desaparición forzada.
El caso está estrechamente ligado al Rancho Izaguirre, un predio en Teuchitlán identificado como centro de operaciones del Cártel Jalisco Nueva Generación. Según la fiscalía, Murguía no solo tenía conocimiento de las actividades ilícitas en este lugar, sino que participaba activamente, recibiendo pagos mensuales de 70 mil pesos a cambio de permitir las operaciones del grupo delictivo.
Testimonios presentados por la FGR aseguran que el alcalde colaboraba directamente con figuras clave del cártel, como José Gregorio, alias “El Lastra”, y Gonzalo Mendoza Gaitán, conocido como “El Sapo”. Incluso se le acusa de destinar policías municipales para vigilar el rancho y evitar la fuga de personas reclutadas forzosamente por el crimen organizado.
Durante la audiencia, que comenzó el domingo y continúa esta semana, Murguía optó por no declarar. Sus abogados solicitaron una ampliación de 144 horas para preparar su defensa, lo que retrasa la resolución del caso hasta el viernes. Mientras tanto, el edil permanece en prisión preventiva en Puente Grande.
El Rancho Izaguirre saltó a la luz pública en marzo, cuando el colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco descubrió restos óseos, ropa y evidencia de posibles fosas clandestinas. Aunque el fiscal Alejandro Gertz Manero ha negado que el lugar funcionara como crematorio, la FGR sostiene que era un centro de reclutamiento y adiestramiento del cártel.
La detención de Murguía ha generado tensiones políticas, especialmente porque el alcalde es cercano a figuras prominentes de Movimiento Ciudadano, como el gobernador Pablo Lemus y el exgobernador Enrique Alfaro. Este caso pone en entredicho la gestión de seguridad en municipios gobernados por este partido.
En la audiencia, la FGR presentó pruebas que incluyen testimonios de víctimas que relatan cómo el alcalde facilitaba las operaciones del cártel. Uno de los señalamientos más graves indica que Murguía estuvo presente en el rancho mientras se manipulaban restos humanos, lo que agrava las acusaciones en su contra.
El proceso judicial sigue en curso, y la próxima audiencia será clave para determinar si Murguía es vinculado a proceso. Por ahora, el caso expone las profundas conexiones entre el crimen organizado y autoridades locales, un problema que continúa afectando a Jalisco y otras regiones del país.
La detención del alcalde ha reavivado el debate sobre la complicidad de funcionarios públicos con el narcotráfico. Organizaciones como Amnistía Internacional han exigido que se escuche a los colectivos de buscadores y que las investigaciones sean transparentes para esclarecer los hechos en el Rancho Izaguirre.