Este jueves se instaló en Chihuahua la Comisión Especial para la Atención Inmediata de la Problemática en Pensiones Civiles del Estado, un organismo que busca enfrentar la grave situación financiera y operativa que afecta a miles de derechohabientes. La comisión, presidida por el diputado morenista Óscar Avitia, surge tras meses de protestas y paros laborales por parte de docentes y trabajadores que denuncian la falta de medicamentos, citas médicas tardías y un sistema al borde del colapso.
La creación de esta comisión fue aprobada por la Junta de Coordinación Política y el Pleno del Congreso, con el objetivo de estabilizar las finanzas de Pensiones Civiles del Estado (PCE). Según datos oficiales, la institución enfrenta un déficit de 9.3 mil millones de pesos, agravado por deudas históricas de instituciones como la Universidad Autónoma de Chihuahua y las juntas de aguas. Estas deudas limitan la capacidad de PCE para garantizar servicios básicos a sus afiliados.
Óscar Avitia, quien también es líder magisterial, aseguró que la comisión trabajará de cerca con las autoridades y los derechohabientes para proponer soluciones concretas. Sin embargo, las expectativas son altas y las críticas no se han hecho esperar. Docentes del movimiento TodosXPensiones han señalado que las promesas de mejora no son nuevas, pero los resultados brillan por su ausencia. La falta de una auditoría externa sigue siendo una demanda central de los manifestantes.
Heriberto Miranda, nuevo titular de PCE, estuvo presente en la instalación de la comisión. Durante el evento, se comprometió a transparentar la gestión de los recursos y a mejorar la atención médica. No obstante, los trabajadores recuerdan que las filas virtuales y otras medidas recientes no han resuelto los problemas de fondo, como la escasez de especialistas y los tiempos de espera de hasta tres meses para una cita.
El contexto es crítico: PCE gasta 1,600 dólares al año por paciente, superando con creces los 600 dólares recomendados por la Organización Mundial de la Salud. A pesar de este gasto, los servicios no cumplen con las expectativas. Las cuotas de los trabajadores y patrones solo cubren una quinta parte de los costos, lo que deja a la institución dependiente de subsidios y pagos diferenciales que no siempre llegan a tiempo.
Las protestas no han cesado. En abril, docentes del SNTE realizaron un plantón de 24 horas frente a las oficinas de PCE, exigiendo soluciones inmediatas. La presión social ha sido clave para que el Congreso tomara cartas en el asunto, pero muchos dudan de la efectividad de esta nueva comisión. Las experiencias previas, con promesas incumplidas, alimentan el escepticismo entre los afectados.
La comisión también tiene el reto de coordinarse con las autoridades estatales y proponer reformas legislativas que garanticen la sostenibilidad de PCE. Entre las propuestas está el cobro de adeudos a las instituciones morosas y la reestructuración del sistema de financiamiento. Sin embargo, estas medidas requieren voluntad política y recursos que, hasta ahora, no han sido suficientes.
Para los derechohabientes, la situación es insostenible. La falta de medicamentos y la saturación de los servicios médicos han llevado a muchos a pagar de su bolsillo consultas y tratamientos. La instalación de esta comisión representa una esperanza, pero también un desafío: demostrar que no es solo un esfuerzo simbólico frente a una crisis que lleva años sin resolverse.
El futuro de Pensiones Civiles del Estado está en juego. Los ojos de los trabajadores y sus familias están puestos en esta comisión, esperando que las soluciones no se queden en el papel. Mientras tanto, la pregunta sigue en el aire: ¿será este el inicio de un cambio real o solo otro capítulo en la larga lista de promesas vacías?