Este viernes 9 de mayo arrancó una nueva audiencia en el Centro de Justicia Penal Federal de Puente Grande, Jalisco, donde José Ascensión Murguía Santiago, alcalde de Teuchitlán, enfrenta graves acusaciones por su presunta participación en el escandaloso caso del Rancho Izaguirre. El edil, militante de Movimiento Ciudadano, está bajo la lupa por supuestos nexos con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), en un caso que ha conmocionado a México.
Murguía Santiago fue detenido el pasado 3 de mayo por agentes de la Fiscalía General de la República (FGR). Las autoridades lo señalan como cómplice en las actividades delictivas del Rancho Izaguirre, un predio identificado como centro de adiestramiento y reclutamiento del CJNG. Según la FGR, el alcalde habría permitido que este lugar operara libremente en su municipio, ignorando las atrocidades que ahí se cometían.
El Rancho Izaguirre, ubicado en la comunidad de La Estanzuela, Teuchitlán, fue descubierto en marzo por el colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco. En el lugar se encontraron restos óseos, ropa, calzado y evidencia de posibles fosas clandestinas. Los testimonios de víctimas señalan que jóvenes eran engañados con falsas ofertas de empleo, secuestrados y llevados al rancho para ser adiestrados como sicarios o sometidos a tratos inhumanos.
Durante la audiencia inicial del 4 de mayo, la FGR presentó pruebas que vinculan al alcalde con el CJNG. Testimonios aseguran que Murguía recibía 70 mil pesos mensuales a cambio de su colaboración, incluyendo el uso de policías municipales para vigilar el rancho y evitar que las víctimas escaparan. Incluso se le acusa de haber participado directamente en la manipulación de restos humanos en el predio.
La fiscalía también reveló que el edil mantenía contacto con figuras clave del cártel, como José Gregorio “El Lastra”, detenido en marzo por reclutamiento forzado, y Gonzalo Mendoza “El Sapo”, un líder regional del CJNG. Estas acusaciones han generado indignación, ya que Murguía había negado públicamente cualquier conocimiento sobre las actividades del rancho.
En marzo, tras el hallazgo del colectivo, el alcalde aseguró en entrevistas que “nadie sabía lo que pasaba” en el Rancho Izaguirre. Afirmó estar dispuesto a colaborar con las autoridades y se dijo preocupado por el impacto en el turismo local, dado que Teuchitlán es conocido por la zona arqueológica de los Guachimontones. Sin embargo, las pruebas presentadas por la FGR contradicen sus declaraciones.
La audiencia de este viernes busca determinar si Murguía será vinculado a proceso por delitos como delincuencia organizada y desaparición forzada. La defensa del alcalde solicitó una prórroga de 144 horas para preparar su estrategia, por lo que su situación legal se definirá en los próximos días. Mientras tanto, permanece en prisión preventiva en Puente Grande.
El caso ha expuesto la grave crisis de inseguridad en Jalisco y la presunta complicidad de autoridades locales con el crimen organizado. La detención de Murguía es la primera de un funcionario público en este escándalo, pero las investigaciones sugieren que podrían surgir más implicados. La FGR continúa analizando evidencias, incluyendo pruebas genéticas de restos encontrados en el rancho.
En Teuchitlán, la detención del alcalde ha generado incertidumbre. El ayuntamiento quedó en un limbo administrativo, y los comercios locales, que dependen del turismo, reportan un impacto económico. Residentes del municipio se muestran sorprendidos, ya que Murguía era considerado una figura cercana y respetada en la comunidad.
El caso del Rancho Izaguirre pone en evidencia el horror de las desapariciones forzadas en México, con más de 127 mil personas reportadas como desaparecidas. La lucha de colectivos como Guerreros Buscadores ha sido clave para visibilizar esta tragedia, pero la falta de acción de las autoridades locales y estatales sigue siendo un obstáculo para la justicia.