El presidente municipal de Teuchitlán, Jalisco, José Ascensión Murguía Santiago, enfrenta prisión preventiva por su presunta vinculación con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en el escandaloso caso del Rancho Izaguirre. La detención del edil, militante de Movimiento Ciudadano, ha sacudido al municipio y destapado una red de complicidad que pone en entredicho la seguridad en la región.
La Fiscalía General de la República (FGR) acusa a Murguía de delitos graves como delincuencia organizada y desaparición forzada de personas. Según testimonios presentados en la audiencia, el alcalde no solo sabía de las actividades ilícitas en el Rancho Izaguirre, sino que participaba activamente en ellas. Este predio, ubicado en Teuchitlán, funcionaba como un campo de adiestramiento del CJNG, donde se reclutaba a personas bajo engaños y se cometían atrocidades.
Testigos aseguran que Murguía recibía pagos mensuales de 70 mil pesos en efectivo por colaborar con el cártel. Los encuentros con líderes criminales, como José Gregorio Lastra, alias “El Comandante Lastra”, y Gonzalo Mendoza Gaitán, conocido como “El Sapo” o “El 90”, eran frecuentes. Estos testimonios pintan un panorama de corrupción que involucra a autoridades municipales en actividades delictivas.
El Rancho Izaguirre ha sido señalado como un lugar de horror. Colectivos como Guerreros Buscadores de Jalisco denunciaron la presencia de restos óseos y posibles fosas clandestinas en el lugar. Aunque la FGR niega que existieran crematorios, los hallazgos de huesos calcinados y pertenencias de víctimas han generado indignación y demandas de justicia por parte de familiares de desaparecidos.
Durante la audiencia, que se extendió por más de diez horas en el Centro de Justicia Penal Federal de Puente Grande, la FGR presentó pruebas contundentes. Entre ellas, se mencionó que Murguía destinaba policías municipales y armamento para vigilar el rancho y evitar fugas de las víctimas reclutadas. Estas acusaciones revelan una preocupante colusión entre el gobierno local y el crimen organizado.
La detención de Murguía ocurrió el 3 de mayo, tras una orden de aprehensión emitida en marzo que, sorprendentemente, no fue ejecutada por la fiscalía de Jalisco. La FGR tuvo que intervenir directamente, trasladando al edil a la Ciudad de México antes de regresarlo a Jalisco para su proceso judicial. Este retraso ha levantado sospechas sobre posibles omisiones de las autoridades estatales.
El caso ha generado un vacío de poder en Teuchitlán. El Palacio Municipal permaneció cerrado tras la detención, y aún no se define quién asumirá el cargo de alcalde. La población local, entre la sorpresa y la desconfianza, evita hablar abiertamente del tema, aunque algunos vecinos expresan incredulidad ante las acusaciones contra Murguía, a quien conocían como una figura cercana.
La continuación de la audiencia está programada para el viernes 10 de mayo, cuando se decidirá si Murguía es vinculado a proceso. Mientras tanto, el caso del Rancho Izaguirre sigue siendo un recordatorio de la grave crisis de inseguridad y desapariciones en México, con más de 120 mil personas no localizadas en el país. La presión aumenta para que las autoridades federales y estatales actúen con transparencia y eficacia.
Este escándalo pone en la mira a las autoridades de Movimiento Ciudadano en Jalisco, especialmente tras las declaraciones de Murguía, quien inicialmente negó saber algo del rancho. Las investigaciones podrían revelar más implicados y exponer la profundidad de la red criminal en la región, dejando a Teuchitlán en el centro de una tormenta que apenas comienza.
La detención de un alcalde por nexos con el CJNG no es un hecho aislado, sino un reflejo de los desafíos que enfrenta México en su lucha contra el crimen organizado. La pregunta que queda en el aire es cuántos casos similares podrían estar operando impunemente en otros municipios del país.