Un nuevo capítulo de impunidad sacude Chihuahua. La jueza María Elena López negó la libertad condicional a Hugo Amed Schultz, exalcalde de Chínipas, acusado de complicidad en el asesinato de la periodista Miroslava Breach. La decisión se basa en un testigo clave que, según el Protocolo de Estambul, fue torturado por la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE).
Schultz, condenado en 2021 a ocho años de prisión, sigue en el ojo del huracán. La jueza argumentó que el exfuncionario podría influir nuevamente en el testigo, cuya declaración fue obtenida bajo métodos cuestionables. Este caso destapa, una vez más, las prácticas oscuras de las autoridades mexicanas en la búsqueda de justicia.
El testigo, cuya identidad permanece protegida, reveló haber sido sometido a condiciones extremas de aislamiento y presión psicológica para declarar contra Schultz. Estas tácticas, presuntamente empleadas por la FEADLE, han levantado sospechas sobre la validez de las pruebas en este caso de alto perfil.
Miroslava Breach, periodista asesinada en 2017, fue víctima de un crimen que conmocionó al país. Su trabajo destapó nexos entre políticos y el crimen organizado en la Sierra Tarahumara. Schultz, señalado como auxiliador en el homicidio, habría entregado información a los responsables del asesinato, según la fiscalía.
La negativa de libertad condicional no solo mantiene a Schultz tras las rejas, sino que pone en tela de juicio la actuación de la FEADLE. Organizaciones de derechos humanos han criticado duramente a la fiscalía por recurrir a métodos que violan los derechos de los involucrados, lo que podría debilitar el caso contra el exalcalde.
Este escándalo reaviva el debate sobre la justicia en México. Mientras las autoridades presumen avances en la lucha contra la impunidad, casos como este muestran un sistema judicial plagado de irregularidades. La tortura, lejos de ser erradicada, parece seguir siendo una herramienta en las investigaciones de alto impacto.
La familia de Miroslava Breach, por su parte, continúa exigiendo justicia plena. A más de ocho años del asesinato, el proceso sigue sin esclarecerse por completo. Las irregularidades en torno al testigo torturado complican aún más un caso que ya estaba envuelto en controversias.
Chihuahua, un estado golpeado por la violencia y la corrupción, vuelve a ser el centro de atención. La decisión de la jueza López es un recordatorio de que la verdad en este caso, como en muchos otros, sigue atrapada entre intereses políticos y prácticas cuestionables.
El futuro de Hugo Schultz permanece incierto. Mientras tanto, la sombra de la impunidad y las acusaciones de tortura siguen pesando sobre el sistema judicial mexicano, dejando más preguntas que respuestas en un caso que no termina de cerrarse.