La administración de Claudia Sheinbaum presume resultados en materia de seguridad, pero los números que presenta el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, generan más dudas que certezas. Según el informe oficial, en poco más de siete meses de gobierno se han detenido a 20 mil 183 personas por delitos de alto impacto. Sin embargo, la violencia no cede en las calles, y los ciudadanos siguen enfrentando una realidad marcada por el miedo.
García Harfuch destacó que estas detenciones son parte de la Estrategia Nacional de Seguridad, enfocada en desarticular redes criminales. Entre los logros, se reporta el aseguramiento de 159 toneladas de drogas, incluyendo dos toneladas de fentanilo y más de dos millones de pastillas de esta sustancia. Aunque las cifras suenan impresionantes, no se explica cómo estas acciones han impactado realmente en la reducción de la delincuencia en el día a día.
Otro punto que resalta el gobierno es la destrucción de 920 laboratorios clandestinos dedicados a la producción de metanfetaminas. Según el secretario, esto representa un golpe económico de miles de millones de pesos a los cárteles. Pero, mientras se destruyen laboratorios, los enfrentamientos entre grupos criminales persisten en estados como Sinaloa, Michoacán y Guanajuato, dejando un saldo de víctimas que no parece disminuir.
El informe también menciona la incautación de más de 10 mil armas de fuego, un dato que el gobierno presenta como un avance en la lucha contra la violencia armada. Sin embargo, la pregunta sigue en el aire: si se han decomisado tantas armas, ¿por qué los homicidios y los delitos violentos no muestran una baja significativa? Los reportes de balaceras y ejecuciones en varias regiones del país contradicen el discurso oficial.
La Guardia Nacional, ahora bajo el mando de la Secretaría de la Defensa Nacional, es señalada como pilar de estos resultados. Con más de 130 mil elementos desplegados, se supone que su presencia fortalece la seguridad. Pero en comunidades afectadas por el crimen organizado, los ciudadanos denuncian que la Guardia Nacional no logra contener la violencia ni proteger a la población.
En el operativo Frontera Norte, acordado con Estados Unidos, se han detenido a más de dos mil personas y confiscado 170 mil pastillas de fentanilo. Este esfuerzo responde a las presiones del gobierno estadounidense para frenar el tráfico de drogas, pero no aborda el problema de fondo: la corrupción y la impunidad que permiten que los cárteles operen con libertad.
Mientras el gobierno de Sheinbaum celebra estos números, la percepción de inseguridad entre los mexicanos no mejora. Los informes oficiales contrastan con las historias de quienes viven bajo la amenaza constante del crimen. En estados como Guanajuato, que concentra el mayor número de homicidios, las estrategias parecen no dar resultados concretos.
El secretario García Harfuch insiste en que la coordinación entre autoridades federales, estatales y municipales es clave. Sin embargo, la falta de resultados visibles en las zonas más violentas del país pone en entredicho la efectividad de esta colaboración. La ciudadanía exige acciones que realmente transformen su realidad, no solo estadísticas.
La estrategia de seguridad de Sheinbaum se basa en cuatro ejes, incluyendo la atención a las causas de la violencia y el fortalecimiento de la inteligencia. Pero estos planteamientos suenan más a promesas que a soluciones prácticas cuando los delitos de alto impacto siguen afectando a millones de mexicanos.
La realidad es que, a pesar de las detenciones y decomisos, el país continúa atrapado en una espiral de violencia. Los anuncios del gobierno no logran ocultar que la inseguridad sigue siendo uno de los mayores desafíos de esta administración, y las respuestas hasta ahora no convencen a una población cansada de promesas vacías.