La agrupación musical Los Alegres del Barranco enfrenta una nueva tormenta legal tras ser citados por tercera ocasión ante la Fiscalía de Jalisco. El motivo: sus polémicas presentaciones donde proyectaron letras de narcocorridos que aluden a figuras del crimen organizado. Los hechos ocurrieron durante conciertos en Cihuatlán y Tequila, donde el grupo optó por una estrategia que ha generado controversia: dejar que el público cante las letras mientras ellos tocan la melodía.
El sábado 3 de mayo, en la Monumental Plaza de Toros de Cihuatlán, la banda proyectó en pantallas las letras de canciones como “El del Palenque” y “El Doble R”, que hacen referencia a líderes del Cártel Jalisco Nueva Generación. Aunque los músicos no cantaron directamente, el público entonó las letras, convirtiendo el evento en un karaoke masivo. Este acto fue considerado por las autoridades como una posible apología del delito.
Un día después, el 4 de mayo, en el Lienzo Charro Mario Orendain de Tequila, se repitió la escena. La Fiscalía de Jalisco abrió dos carpetas de investigación de manera oficiosa, argumentando que estas presentaciones promueven la glorificación de figuras criminales. Los Alegres del Barranco, su representante y su promotor fueron imputados formalmente por este delito.
El martes 6 de mayo, los integrantes del grupo se presentaron en el Juzgado 16 de Puente Grande para enfrentar las acusaciones. La Fiscalía solicitó prisión preventiva justificada, pero la defensa pidió un plazo de 144 horas para resolver la situación. Como medida cautelar, cada involucrado debe pagar una garantía de 300 mil pesos, sumando un total de 1.8 millones, y tienen prohibido salir de Jalisco hasta la próxima audiencia, programada para el 12 de mayo.
La controversia no es nueva para Los Alegres del Barranco. A finales de marzo, ya habían sido señalados por proyectar imágenes de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, durante un concierto en el Auditorio Telmex de Zapopan. Este incidente desató críticas y llevó a la apertura de otra investigación, además de la revocación de sus visas de trabajo en Estados Unidos, cancelando su gira por ese país.
El caso ha reavivado el debate sobre los narcocorridos y su impacto en la sociedad. Mientras algunos defienden la libertad de expresión artística, las autoridades de Jalisco insisten en que estas canciones fomentan la violencia y la cultura del crimen organizado. El gobernador Pablo Lemus ha vetado a artistas que promuevan este tipo de contenido en eventos estatales, aunque la medida no ha frenado las presentaciones privadas.
La estrategia de la banda de usar “karaokes” para evadir restricciones legales ha sido adoptada por otros artistas, como Alfredo Olivas, pero no ha evadido el escrutinio de la justicia. La Fiscalía advirtió que, de no comparecer, los músicos podrían enfrentar órdenes de aprehensión. El caso sigue en desarrollo, con la próxima audiencia como un punto clave para determinar si serán vinculados a proceso.
Los Alegres del Barranco, originarios de Sinaloa, han construido su carrera en el género de los narcocorridos, pero ahora enfrentan un panorama complicado. La presión de las autoridades y la cancelación de eventos en otros estados reflejan el creciente rechazo a este tipo de espectáculos. Mientras tanto, el público sigue dividido entre quienes ven su música como una expresión cultural y quienes la consideran un peligro para la seguridad.
La situación pone en evidencia los retos que enfrenta México para combatir la influencia del narcotráfico en la cultura popular. Con Jalisco como epicentro de esta controversia, el caso de Los Alegres del Barranco podría sentar un precedente en la regulación de los narcocorridos y su presencia en el ámbito público.