A pesar de la drástica disminución del flujo migratorio en la frontera entre México y Estados Unidos, la Guardia Nacional de Texas no detiene su avance. En Ciudad Juárez, se han observado nuevas barricadas de alambre de púas instaladas en el bordo del río Bravo, una medida que incrementa los riesgos para los migrantes que intentan cruzar.
Estas barricadas, colocadas justo en la línea divisoria entre ambos países, no solo dificultan el paso, sino que obligan a los migrantes a buscar rutas más peligrosas. Según el líder religioso Juan Fierro, la vigilancia extrema empuja a las personas a recurrir a los llamados “coyotes”, traficantes de personas que lucran con su desesperación.
La presencia de estas barreras no solo pone en riesgo la seguridad física de los migrantes, sino que los expone a engaños y abusos. Muchos, al intentar cruzar, desconocen las leyes migratorias y podrían enfrentar consecuencias legales graves, como condenas o incluso prisión, sin estar plenamente conscientes de las normas.
Fierro advierte que la militarización no solo afecta a los migrantes, sino que también desplaza el problema a otras regiones. Los traficantes, al verse obstaculizados, buscan nuevas zonas fronterizas para operar, extendiendo el peligro a otras comunidades a lo largo de la frontera norte de México.
La estrategia de seguridad implementada en la frontera, lejos de resolver el problema, parece complicarlo. Las barricadas y la vigilancia constante no detienen el flujo migratorio, sino que lo desvían hacia caminos más riesgosos, donde los migrantes quedan a merced de redes criminales.
Esta situación pone en evidencia las tensiones en la política migratoria entre México y Estados Unidos. Mientras Texas refuerza su control fronterizo, las autoridades mexicanas enfrentan el desafío de proteger a los migrantes sin ceder ante presiones externas.
El impacto de estas medidas trasciende a los propios migrantes. Las comunidades fronterizas, tanto en México como en Estados Unidos, viven las consecuencias de un enfoque que prioriza la contención sobre la protección de los derechos humanos.
La militarización de la frontera no solo agrava la vulnerabilidad de las personas en movilidad, sino que plantea preguntas sobre la eficacia de estas políticas. Cada día, la situación en la frontera norte de México se torna más compleja, con riesgos que afectan a todos los involucrados.