El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, denunció que más de 100 delincuentes han regresado a las calles en el último año y medio debido a decisiones judiciales que los favorecieron. Estas resoluciones, calificadas como alarmantes por el funcionario, han generado preocupación en el gobierno federal ante el impacto en la seguridad pública.
Según Harfuch, entre 2024 y lo que va de 2025, se registraron casi 200 determinaciones de jueces que permitieron la liberación o el traslado de presuntos criminales. Estas decisiones, afirmó, han obstaculizado los esfuerzos de las fuerzas armadas y de seguridad para combatir la delincuencia en el país.
El titular de la Secretaría de Seguridad señaló que muchos de los liberados son operadores de violencia y narcotraficantes, lo que agrava la situación de inseguridad. Harfuch criticó duramente al Poder Judicial, asegurando que estas resoluciones representan un retroceso en la lucha contra el crimen organizado.
La denuncia se presentó durante la conferencia matutina del gobierno federal, donde Harfuch destacó que las fuerzas de seguridad arriesgan su vida diariamente para detener a estos criminales. Sin embargo, las decisiones de algunos jueces, dijo, tiran por la borda el trabajo de las instituciones.
El secretario enfatizó que el gobierno de Claudia Sheinbaum está comprometido con fortalecer la seguridad, pero enfrenta obstáculos por un sistema judicial que parece proteger a los delincuentes. Harfuch no mencionó nombres específicos de jueces, pero aseguró que el reporte presentado es detallado y basado en datos concretos.
La liberación de estos presuntos criminales ha encendido las alarmas en un contexto donde la violencia no cede en varias regiones del país. Harfuch subrayó que el regreso de estos individuos a las calles pone en riesgo a la ciudadanía y debilita la confianza en las instituciones.
El funcionario también hizo un llamado implícito a revisar el actuar del Poder Judicial, argumentando que la coordinación entre poderes es esencial para garantizar la seguridad. Sin embargo, evitó entrar en detalles sobre posibles reformas o medidas específicas para abordar el problema.
La situación expuesta por Harfuch refleja un desafío estructural en la lucha contra la inseguridad. Mientras el gobierno federal insiste en su estrategia de seguridad, las decisiones judiciales cuestionadas podrían seguir siendo un obstáculo para reducir la delincuencia en México.
Este caso pone en el centro del debate la relación entre el Ejecutivo y el Judicial, en un momento donde la inseguridad sigue siendo una de las principales preocupaciones de los mexicanos. La denuncia de Harfuch busca visibilizar un problema que, según él, no puede seguir siendo ignorado.