En un movimiento que ha generado debate, el gobierno de Jalisco ha decidido disponer de las motocicletas aseguradas por irregularidades que no sean reclamadas por sus dueños. Esta medida, aprobada recientemente, busca abordar la saturación de los corralones y generar un uso práctico para estos vehículos abandonados.
La nueva disposición permite que las motos, una vez cumplido el plazo legal para su reclamo, puedan ser destinadas a dependencias gubernamentales o incluso donadas a instituciones de beneficencia. El objetivo es reducir el congestionamiento en los depósitos vehiculares, que actualmente enfrentan una crisis por la gran cantidad de unidades acumuladas.
Según datos oficiales, en Jalisco se aseguran miles de motocicletas cada año debido a faltas como la ausencia de placas, licencias vencidas o falta de documentación que acredite su propiedad. Sin embargo, un porcentaje significativo de estas unidades nunca es reclamado, lo que ha llevado a las autoridades a buscar alternativas para su manejo.
El gobierno estatal argumenta que esta medida no solo aliviará la presión sobre los corralones, sino que también permitirá un aprovechamiento responsable de los recursos. Las motos en buen estado podrían ser utilizadas por corporaciones de seguridad o en programas sociales, mientras que las no funcionales serían desmanteladas para piezas o reciclaje.
No obstante, la decisión ha levantado críticas. Algunos ciudadanos consideran que el proceso de notificación a los propietarios no es lo suficientemente claro, lo que podría llevar a que personas pierdan sus vehículos sin saberlo. Otros cuestionan si el gobierno garantizará transparencia en el uso de estas motos.
Las autoridades han prometido establecer un protocolo estricto para determinar cuándo una moto pasa a ser propiedad del estado. Este incluye plazos claros para que los dueños puedan reclamar sus vehículos y un registro detallado de las unidades que se reutilicen o donen.
El problema de las motocicletas aseguradas no es nuevo en Jalisco. En años recientes, operativos de la Policía Vial han intensificado la vigilancia, retirando miles de unidades por irregularidades. La falta de reclamo, según expertos, podría estar ligada a la procedencia ilícita de algunas motos o a los altos costos que implica recuperarlas.
Organizaciones de motociclistas han pedido al gobierno reconsiderar la medida, solicitando mayor claridad en los procesos y facilidades para que los propietarios puedan recuperar sus vehículos. Argumentan que muchos de los afectados son trabajadores que dependen de sus motos para su sustento diario.
Mientras tanto, el gobierno de Jalisco insiste en que la medida es necesaria para ordenar el caos en los corralones y maximizar el uso de recursos. Las autoridades aseguran que el proceso será vigilado para evitar abusos y que se informará públicamente sobre el destino final de las motos.
La implementación de esta nueva política comenzará en los próximos meses, y su impacto será seguido de cerca por ciudadanos y organizaciones. Por ahora, el debate continúa sobre si esta es la solución adecuada o si abre la puerta a nuevas complicaciones.