La frase “extorsionador que friega a extorsionador tiene cien años de perdón” cobra vida en la arena política mexicana, donde las ironías y los dobles raseros parecen ser la moneda corriente. En un escenario donde la delincuencia organizada impone su ley a comerciantes y campesinos, la presidenta Claudia Sheinbaum enfrenta ahora su propio chantaje internacional, y el protagonista no es un criminal común, sino una figura que actúa con la misma lógica de los cárteles: Donald Trump.
El expresidente estadounidense, conocido por su estilo confrontacional, ha elevado la presión sobre México con exigencias que rayan en la extorsión. Trump no negocia, amenaza. Su última jugada fue condicionar el apoyo militar a Ucrania a cambio de que el presidente Volodímir Zelensky ceda valiosos recursos minerales a Rusia. Este mismo patrón se repite con México, donde busca imponer cuotas económicas y políticas, incluyendo la extradición de figuras cercanas al crimen organizado que, según él, tienen vínculos con el gobierno mexicano.
Mientras tanto, en México, la inseguridad sigue siendo el pan de cada día. Los comerciantes y productores enfrentan el cobro de “derecho de piso” por parte de grupos criminales, una práctica que el gobierno de Morena parece incapaz de frenar. La ironía es cruel: Sheinbaum, quien encabeza un gobierno que tolera estas extorsiones, ahora es víctima de un chantajista de cuello blanco que opera desde Washington. El contraste no podría ser más evidente.
La narrativa del gobierno mexicano no ayuda a calmar las aguas. El secretario de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente, propone soluciones simplistas como “sembrar arbolitos” para que los migrantes se queden en México, ignorando la violencia, la carestía y los salarios precarios que empujan a miles a huir. Estas declaraciones, lejos de inspirar confianza, refuerzan la percepción de un gobierno desconectado de la realidad.
Por otro lado, Sheinbaum ha intentado desviar las críticas señalando que Estados Unidos debería primero combatir a los cárteles en su propio territorio. Si bien el argumento tiene algo de verdad, no resuelve el problema inmediato de los mexicanos que viven bajo la amenaza constante de la delincuencia. Los campesinos y comerciantes no quieren discursos nacionalistas; quieren seguridad para trabajar sin temor.
La historia reciente nos recuerda que las posturas patrioteras no siempre encuentran eco en la población. Durante la expedición punitiva de 1916, cuando tropas estadounidenses ingresaron a México para capturar a Pancho Villa, muchos mexicanos mostraron simpatía por los invasores, atraídos por la promesa de estabilidad económica. Hoy, con una economía golpeada por la inflación y la inseguridad, la “dolariza” podría pesar más que los discursos de soberanía.
El panorama no es alentador. La carestía, la violencia, los secuestros y las extorsiones se han convertido en una constante bajo el régimen actual. A esto se suma la percepción de que las autoridades, desde policías hasta jueces, son cómplices de los criminales. En estados controlados por el crimen organizado, la impunidad es la norma, y el gobierno federal parece más interesado en mantener su narrativa que en enfrentar la crisis.
En este juego de extorsiones cruzadas, México está atrapado entre el chantaje internacional y la delincuencia interna. La pregunta no es si Sheinbaum cederá ante las presiones de Trump, sino si su gobierno podrá alguna vez romper el ciclo de violencia y corrupción que asfixia al país. Por ahora, el karma parece estar cobrando factura, y los mexicanos son quienes pagan el precio.