Roberto Alcoverde, juez de distrito en Chihuahua, está en el ojo del huracán. Su aspiración a convertirse en Magistrado de Circuito ha desatado una ola de críticas debido a su historial controversial. Acusado de absolver a personas ligadas a la delincuencia y el narcotráfico, su nombre resuena como símbolo de una justicia cuestionable.
Uno de los casos más graves es la absolución de los Borruel: Carlos Marcelino Borruel Baquera, Leticia Macías Rodríguez, Mónica Borruel Macías y David Ortega Cisneros. A pesar de pruebas sólidas en el expediente, Alcoverde decidió liberarlos. Estos individuos enfrentaban cargos por amenazas con arma de fuego contra un periodista, pero el juez desestimó las evidencias.
El caso del periodista Osbaldo Salvador Ang, director de un medio local, es particularmente alarmante. Los acusados, según el expediente, lo amenazaron con un arma de fuego. Sin embargo, Alcoverde se negó a considerar las pruebas presentadas, argumentando inconsistencias menores en el testimonio de la víctima, como la descripción del arma.
Además, la sentencia de Alcoverde ha sido calificada como una defensa abierta de los acusados. En lugar de actuar con imparcialidad, el juez pareció asumir el papel de su abogado. Su resolución minimizó la gravedad de los hechos y desestimó pruebas indirectas que cualquier jurista objetivo habría considerado.
Otro punto que genera indignación es su actitud laboral. Tras más de un año en huelga, Alcoverde regresó a sus funciones declarando que no trabajaría jornadas de más de cuatro horas. Esta postura, sumada a sus decisiones judiciales, levanta serias dudas sobre su compromiso con la justicia.
Las críticas no se detienen ahí. Alcoverde ha sido acusado de mostrar un claro sesgo contra la víctima en el caso del periodista. Mientras cuestionaba hasta el lenguaje corporal de Salvador Ang, defendió a los Borruel frente a señalamientos de vínculos con el narcotráfico, ignorando su reputación.
La posibilidad de que Alcoverde ascienda a Magistrado de Circuito preocupa a la sociedad chihuahuense. Su historial sugiere que podría seguir tomando decisiones influenciadas por intereses oscuros, lejos de los principios éticos y legales que deberían guiar a un juez.
Este caso pone en evidencia los problemas estructurales del sistema judicial. La falta de transparencia y rendición de cuentas permite que figuras como Alcoverde sigan operando, mientras la ciudadanía exige una justicia verdaderamente imparcial.
La controversia en torno a este juez no es un hecho aislado. Refleja un desafío mayor: garantizar que quienes imparten justicia actúen con integridad. Por ahora, el nombre de Roberto Alcoverde seguirá siendo sinónimo de polémica y desconfianza.