La Cámara de la Industria de la Radio y la Televisión (CIRT) ha levantado la voz contra una iniciativa que consideran un ataque directo a la libertad de expresión en México. En un movimiento que ha generado controversia, la CIRT presentó una demanda ante el Senado para exigir la eliminación de las llamadas “superfacultades” otorgadas a la Agencia de Transformación Digital (ATD), una entidad creada por el gobierno de Claudia Sheinbaum. Según la industria, estas facultades permitirían al gobierno censurar y controlar los contenidos en radio, televisión y plataformas digitales.
La preocupación de la CIRT radica en el artículo 109 de la nueva Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión, aprobada recientemente por el Senado. Este artículo otorga a la ATD el poder de bloquear plataformas digitales y redes sociales sin un proceso claro, lo que podría limitar la libertad de prensa y el acceso a la información. La industria argumenta que estas medidas son un intento descarado de Morena por consolidar el control sobre los medios de comunicación.
El presidente de la CIRT, José Antonio García, declaró que todos los gobiernos buscan influir en los medios, pero las facultades de la ATD cruzan una línea peligrosa. Asegura que estas atribuciones podrían utilizarse para silenciar voces críticas y restringir el debate público, algo que consideran inaceptable en una democracia. La demanda busca que el Senado reconsidere estas disposiciones y proteja los derechos fundamentales.
La iniciativa de ley, impulsada por el gobierno de Sheinbaum, ha sido defendida por Morena y sus aliados como una herramienta para modernizar el sector de las telecomunicaciones. Sin embargo, críticos señalan que detrás de este discurso se esconde una estrategia para centralizar el poder y limitar la pluralidad. La rapidez con la que se aprobó el dictamen, sin un análisis profundo, ha alimentado las sospechas de un plan autoritario.
Organizaciones internacionales, como la ONU, también han expresado su preocupación por las posibles implicaciones de esta ley. En un comunicado, expertos de Naciones Unidas pidieron al gobierno mexicano garantizar que cualquier regulación respete los estándares internacionales de libertad de expresión. Este llamado pone en evidencia la magnitud del problema y el impacto que podría tener en la democracia mexicana.
La CIRT no está sola en su lucha. Periodistas, activistas y ciudadanos se han sumado a las protestas, argumentando que la ATD podría convertirse en una herramienta de censura digital. En redes sociales, el hashtag #LeyCensura ha ganado tracción, con miles de usuarios denunciando lo que perciben como un retroceso en las libertades conquistadas.
El Senado, dominado por Morena, enfrenta ahora una presión creciente para revisar la ley. La CIRT ha solicitado un parlamento abierto donde se escuchen las voces de la sociedad civil y los expertos antes de que la legislación avance. Sin embargo, la postura del partido oficialista parece inamovible, lo que augura un enfrentamiento entre el gobierno y los defensores de la libertad de prensa.
Mientras tanto, el futuro de los medios en México pende de un hilo. La posibilidad de que el gobierno controle lo que se dice en radio, televisión e internet genera temor entre quienes ven en esta ley un paso hacia el autoritarismo. La batalla legal de la CIRT apenas comienza, pero su impacto podría definir el rumbo de la libertad de expresión en el país.
La controversia también ha puesto bajo el reflector a Claudia Sheinbaum, cuya administración ha sido señalada por buscar consolidar el poder en todos los frentes. Las críticas no se han hecho esperar, y la percepción de un gobierno que reprime las voces disidentes se fortalece con cada paso de esta iniciativa.
En un país donde la prensa ya enfrenta amenazas y desafíos, esta ley representa un nuevo obstáculo para el periodismo independiente. La sociedad mexicana observa con atención, consciente de que lo que está en juego no es solo el futuro de los medios, sino el derecho a estar informados sin restricciones.