El partido Morena, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum, está dando un giro inesperado en la polémica Ley de Telecomunicaciones. Tras meses de críticas por el artículo 109, que otorgaba a la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT) el poder de bloquear plataformas digitales sin motivos claros, ahora buscan eliminarlo. Pero no todo es tan sencillo.
La propuesta original de Sheinbaum desató una tormenta de críticas. Organizaciones como la Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D) y Artículo 19 alertaron que el artículo 109 era una amenaza a la libertad de expresión. Según estos grupos, permitir que una agencia gubernamental cerrara redes sociales o plataformas como YouTube o WhatsApp sin una orden judicial era un paso hacia la censura.
El senador Javier Corral, de Morena, anunció que el artículo 109 será retirado o reformado. Sin embargo, en un movimiento que ha levantado sospechas, el partido también planea crear un nuevo organismo colegiado con autonomía técnica. Este organismo asumiría funciones que antes tenía la ATDT, lo que genera dudas sobre si es un intento de mantener el control sobre las telecomunicaciones.
La creación de este nuevo ente regulador ha sido presentada como una solución para calmar las críticas. Pero expertos advierten que, sin claridad en sus funciones, podría convertirse en otra herramienta del gobierno para supervisar y limitar lo que se publica en internet. La falta de transparencia en el proceso no ayuda a disipar las preocupaciones.
El trasfondo de esta ley tiene raíces en la desaparición del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), un organismo autónomo que Sheinbaum y Morena eliminaron para centralizar el poder en la ATDT. La oposición, liderada por figuras como Ricardo Anaya del PAN, ha acusado al gobierno de buscar un control autoritario sobre los medios y las plataformas digitales.
La polémica no es nueva. En abril, ciudadanos protestaron frente al Senado, calificando la ley como una “ley censura” que ponía en riesgo la libertad de expresión. Las manifestaciones, junto con la presión de organismos internacionales como la ONU, obligaron a Morena a pausar la votación y abrir un periodo de consulta que ahora parece estar dando resultados.
Sin embargo, el nuevo organismo propuesto por Morena no convence a todos. Aunque se promete que tendrá autonomía técnica, no estará protegido por la Constitución, lo que lo hace vulnerable a las decisiones del Ejecutivo. Esto podría significar que, en la práctica, el gobierno de Sheinbaum mantenga un control indirecto sobre las telecomunicaciones.
El Senado iniciará conversatorios el 8 de mayo para discutir estos cambios. Mientras tanto, la sociedad civil y los medios de comunicación siguen alerta, exigiendo que cualquier reforma garantice la libertad de expresión y evite la concentración de poder en manos del gobierno.
La pregunta que queda en el aire es si este cambio es genuino o solo un intento de Morena para calmar las críticas mientras mantiene su agenda de control. Los próximos días serán clave para entender el rumbo de esta ley que ha puesto a México en el centro de un debate sobre la libertad en la era digital.
Este movimiento de Morena llega en un momento de alta tensión política. Con la oposición acusando al gobierno de prácticas autoritarias y la ciudadanía cada vez más preocupada por sus derechos digitales, la Ley de Telecomunicaciones sigue siendo un tema que divide al país.