La presidenta Claudia Sheinbaum enfrenta una nueva controversia tras su propuesta para crear un Registro Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil. En el Senado, legisladores de oposición han encendido las alarmas, calificando la iniciativa como inconstitucional y una amenaza directa a la privacidad de millones de mexicanos.
El proyecto, enviado por Sheinbaum al Congreso, busca que cada línea telefónica esté vinculada a datos personales como la Clave Única de Registro de Población o la credencial del INE, incluyendo información biométrica. Según el gobierno, el objetivo es combatir delitos como la extorsión y el secuestro. Sin embargo, los críticos advierten que esto abre la puerta a una vigilancia masiva.
En 2022, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya tumbó un intento similar, el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil, por violar los derechos a la privacidad y la protección de datos. Senadores de oposición señalan que la nueva propuesta de Sheinbaum repite los mismos errores, ignorando el precedente judicial.
Organizaciones de derechos digitales, como la Red en Defensa de los Derechos Digitales, han alertado que el registro podría ser usado para monitorear a ciudadanos sin controles claros. La falta de transparencia sobre quién accederá a los datos y cómo se protegerán genera aún más desconfianza.
El Senado ha sido claro: la iniciativa no solo es inviable, sino que pone en riesgo las libertades fundamentales. Algunos legisladores acusan al gobierno de Morena de buscar un control excesivo, comparándolo con tácticas de regímenes autoritarios.
Sheinbaum defiende su propuesta, asegurando que respeta los derechos humanos. Sin embargo, expertos en derecho constitucional argumentan que el proyecto carece de fundamentos legales sólidos y no garantiza la seguridad de la información personal de los usuarios.
La discusión en el Senado se ha calentado, con debates intensos sobre el equilibrio entre seguridad pública y privacidad. Mientras tanto, los ciudadanos se preguntan si sus datos estarán a salvo o si esta es otra medida para estrechar el cerco sobre su vida privada.
La oposición ha prometido no ceder y exige que la iniciativa sea desechada o profundamente modificada. Este nuevo capítulo en la gestión de Sheinbaum pone en duda su compromiso con los derechos fundamentales, según sus detractores.
La batalla por la privacidad apenas comienza, y el futuro de esta propuesta sigue en el aire. Lo que está claro es que el gobierno de Morena enfrenta un obstáculo más en su intento por imponer medidas que, para muchos, cruzan la línea de lo permitido.