En un acto que destapa el descaro de algunos gobernantes, el gobernador de Puebla, Alejandro Armenta Mier, ha protagonizado un escándalo al exigir a una empresa inmobiliaria la donación de dos hectáreas de terreno. La amenaza fue clara: si no ceden “por las buenas”, el gobierno se apoderará del doble, 40 mil metros cuadrados, al puro estilo de los regímenes autoritarios.
Armenta, ligado a Morena, justificó su demanda con un discurso populista, urgiendo a la empresa Grupo Proyecta a “compartir la riqueza por el bien del pueblo”. Sin embargo, sus métodos recuerdan más a las tácticas de extorsión que a una gestión transparente. Este episodio pone en evidencia un estilo de gobernar que muchos temen se vuelva la norma.
El caso de Puebla no es aislado. Otros personajes políticos han mostrado un comportamiento similar, aprovechando su poder para burlarse de las leyes. Por ejemplo, un conocido legislador, protegido por su fuero, ha desafiado abiertamente a la justicia, ridiculizando incluso a quienes lo acusan. Este tipo de actitudes refleja una arrogancia que erosiona la confianza en las instituciones.
La protección entre políticos es otro síntoma preocupante. La alianza entre Morena y ciertos priistas, apodada “PRIMOR”, ha permitido que figuras cuestionadas evadan responsabilidades. Un caso claro es el rechazo a un desafuero que dejó a un legislador libre para seguir con su retórica machista, sin consecuencias inmediatas.
El trasfondo de estas acciones apunta a una estrategia más amplia. La reciente Reforma Judicial, criticada por muchos, podría consolidar este tipo de prácticas, dando a los gobernantes morenistas un control aún mayor. La línea entre gobernar y extorsionar se vuelve cada vez más delgada, alimentando el temor a un futuro autoritario.
Mientras tanto, el discurso oficial se llena de promesas vacías. Los líderes del llamado “segundo piso de la cuarta transformación” hablan de justicia social, pero sus acciones sugieren otra cosa: un sistema que prioriza el poder y el beneficio propio por encima de la ley. Este contraste entre palabras y hechos es cada vez más evidente.
El impacto de estas prácticas no se limita a México. En otros países de América Latina, como Venezuela, se han visto dinámicas similares, donde el populismo y las amenazas han desplazado a la democracia. La comparación es inevitable: el cinismo de algunos gobernantes mexicanos parece inspirarse en esos ejemplos.
La sociedad, sin embargo, no permanece ciega ante estos abusos. La indignación crece, y con ella la exigencia de transparencia y rendición de cuentas. Cada escándalo como el de Armenta enciende una chispa de resistencia, recordándonos que el poder no debe estar por encima de la justicia.
Este episodio en Puebla es un reflejo de los retos que enfrenta México. Mientras algunos políticos se aferran al cinismo, la ciudadanía tiene en sus manos la posibilidad de exigir un cambio. La pregunta es cuánto tiempo más se tolerarán estas prácticas antes de que el descontento se transforme en acción.