La sombra del narcotráfico se cierne sobre México, y la situación parece escapar de todo control. En Chihuahua, la cercanía con Estados Unidos convierte al estado en un punto vulnerable, no solo por el crimen organizado, sino por las tensiones internacionales. Según reportes, el gobierno de Estados Unidos planea usar drones para atacar objetivos del narcotráfico en territorio mexicano, una medida que ha desatado críticas por violar la soberanía nacional.
La presidenta Claudia Sheinbaum ha respondido a estas intenciones con un discurso de defensa patriótica, pero sus palabras no logran ocultar una realidad inquietante. Mientras el gobierno federal proclama soberanía, el narco opera con una libertad alarmante, controlando regiones enteras y desafiando cualquier autoridad. La pregunta es clara: ¿dónde está la acción concreta para frenar esta crisis?
Hace 40 años, el narcotráfico era un tema secundario en México. En 1985, el caso del agente de la DEA Enrique Camarena, desaparecido en Guadalajara, marcó un punto de inflexión. Junto al piloto mexicano Alfredo Zavala, su caso expuso la creciente influencia de capos como Rafael Caro Quintero. En aquella época, el gobierno de Miguel de la Madrid enfrentó presiones de Estados Unidos para actuar, pero la respuesta fue lenta y desorganizada.
Un ejemplo de la magnitud del problema en ese entonces fue el decomiso de un rancho en Allende, Chihuahua, propiedad de Caro Quintero. Miles de jornaleros trabajaban en el cultivo y procesamiento de marihuana destinada a la exportación. Este operativo, aunque significativo, fue solo una gota en el océano frente al poder que los cárteles ya comenzaban a consolidar.
Hoy, la situación es aún más grave. El narcotráfico no solo controla la producción y tráfico de drogas, sino que extiende su influencia a comunidades enteras. En Chihuahua, la violencia es una constante, y la población vive bajo la amenaza diaria de los grupos criminales. La falta de una estrategia efectiva por parte del gobierno federal agrava el panorama, dejando a los ciudadanos en un estado de indefensión.
Las declaraciones de Sheinbaum sobre la soberanía suenan vacías cuando se comparan con la realidad en las calles. La retórica de la “no confrontación” con los cárteles, heredada de la administración anterior, parece más una rendición que una política de seguridad. Mientras tanto, la posibilidad de intervención extranjera, como los ataques con drones, genera temor y desconfianza en la capacidad del gobierno para proteger al país.
A esto se suman las tensiones internacionales. Las amenazas de Rusia contra Estados Unidos por el conflicto en Ucrania podrían tener consecuencias inesperadas para México, especialmente en regiones fronterizas como Chihuahua. La idea de que un misil dirigido a territorio estadounidense pueda impactar suelo mexicano no es descabellada, y la población local se siente atrapada en un juego geopolítico que no controla.
El narcotráfico, lejos de retroceder, ha encontrado en la inacción gubernamental un terreno fértil para crecer. La soberanía que tanto se defiende en discursos está siendo erosionada por la impunidad de los cárteles y la incapacidad de las autoridades para recuperar el control. México enfrenta una encrucijada: o se actúa con firmeza, o el narco seguirá dictando las reglas.
La historia de Camarena y Zavala es un recordatorio de que el narcotráfico no es un problema nuevo, pero su escala actual es alarmante. Hace cuatro décadas, un solo caso movilizó a autoridades de ambos lados de la frontera. Hoy, la magnitud del crimen organizado exige mucho más que discursos patrióticos o promesas vacías.
La población de Chihuahua, y de todo México, merece respuestas claras y acciones contundentes. La soberanía no se defiende con palabras, sino con hechos. Mientras el narco siga reinando, la idea de un México libre y seguro seguirá siendo solo un espejismo.