La justicia mexicana ha puesto contra las cuerdas a Diego Jiménez Labora, empresario y organizador del Festival Ceremonia, tras negarle la suspensión definitiva que buscaba para evitar una posible detención. Este caso, ligado a la tragedia ocurrida en el evento musical de abril de 2025, destapa una serie de irregularidades que han generado indignación en el país.
El pasado 5 de abril, durante el Festival Ceremonia en el Parque Bicentenario de la Ciudad de México, una estructura metálica colapsó, arrebatando la vida de dos fotógrafos, Berenice Giles y Miguel Ángel Rojas. La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México señaló a Jiménez Labora como uno de los responsables, dado que su empresa, Grupo ECO, organizó el evento donde se omitieron medidas de seguridad básicas.
Jiménez Labora, conocido por su cercanía con Andrés Manuel López Beltrán, hijo del expresidente López Obrador, había logrado una suspensión provisional el 23 de abril para evitar ser detenido. Sin embargo, el Juzgado Décimo Primero de Distrito en Materia Penal determinó que no hay elementos suficientes para otorgarle la suspensión definitiva, dejando al empresario en una situación vulnerable ante la justicia.
La tragedia del Festival Ceremonia no solo dejó luto, sino también un sinfín de cuestionamientos sobre la negligencia de los organizadores. Según investigaciones, la grúa tipo tijera que colapsó no estaba registrada en el plan de Protección Civil presentado a la Alcaldía Miguel Hidalgo, un error que costó vidas y que ha puesto en evidencia la falta de supervisión en eventos masivos.
A pesar de la gravedad del incidente, el festival continuó por varias horas tras el colapso, una decisión que ha sido duramente criticada. Familiares, amigos y colegas de las víctimas realizaron protestas y homenajes frente a las oficinas de Grupo ECO, exigiendo justicia para Berenice y Miguel, quienes murieron mientras trabajaban como fotoperiodistas.
Jiménez Labora, tras cerrar sus redes sociales en un intento por evadir el escrutinio público, reapareció días después con un comunicado en Instagram. En él, expresó su dolor por lo sucedido y aseguró estar colaborando con las autoridades. Sin embargo, sus palabras no han convencido a una sociedad que demanda respuestas claras y consecuencias reales.
El caso también ha reavivado las críticas hacia las conexiones políticas de Jiménez Labora. Su amistad con figuras cercanas al poder, como López Beltrán, ha levantado sospechas sobre posibles intentos de encubrimiento o protección. La negativa de la suspensión definitiva parece ser un paso hacia la rendición de cuentas, pero el camino hacia la justicia aún es incierto.
La Fiscalía de la Ciudad de México ha señalado que cuatro empresas, incluyendo Grupo ECO, están bajo investigación. La titular de la dependencia, Bertha Alcalde, adelantó que pronto podrían presentarse imputaciones formales contra los responsables de la tragedia, lo que mantiene la atención sobre Jiménez Labora y su entorno.
Mientras tanto, el caso del Festival Ceremonia se ha convertido en un símbolo de la impunidad y la negligencia que persisten en México. Las familias de las víctimas, apoyadas por la comunidad artística y medios independientes, no descansan en su búsqueda de justicia, exigiendo que nadie quede por encima de la ley.
Este nuevo capítulo en el escándalo del Festival Ceremonia deja claro que las autoridades no pueden seguir ignorando las fallas en la organización de eventos masivos. La sociedad mexicana espera que este caso marque un precedente para evitar que tragedias como esta se repitan.