José Ascensión Murguía Santiago, alcalde de Teuchitlán, Jalisco, enfrenta prisión preventiva por su presunta colaboración con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). La detención, ejecutada por la Fiscalía General de la República (FGR), destapa un caso que sacude a la región y pone en tela de juicio la actuación de las autoridades locales.
El edil, perteneciente a Movimiento Ciudadano, fue acusado de delincuencia organizada y desaparición forzada. Según la FGR, Murguía recibía 70 mil pesos mensuales a cambio de facilitar las operaciones del CJNG en el rancho Izaguirre, un lugar señalado como centro de adiestramiento del cártel. Los testimonios presentados en la audiencia son escalofriantes.
Uno de los testigos afirmó que el propio Murguía llevó una bolsa con órganos humanos al rancho Izaguirre, donde se arrojaban cuerpos a fosas para ser incinerados. Estas declaraciones contradicen al fiscal Alejandro Gertz Manero, quien previamente negó que el lugar funcionara como crematorio. La discrepancia genera dudas sobre la transparencia en la investigación.
El rancho Izaguirre, ubicado en Teuchitlán, fue identificado por el colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco como un posible “campo de exterminio”. En marzo, encontraron cientos de restos óseos, ropa y calzado, lo que desató un escándalo nacional. La FGR asegura que el sitio era un centro de reclutamiento y entrenamiento del CJNG, pero las familias de desaparecidos exigen claridad.
Murguía, conocido como “Chon” por figuras como el gobernador Pablo Lemus y el exgobernador Enrique Alfaro, tenía una orden de aprehensión desde marzo. Sin embargo, la Fiscalía de Jalisco no la ejecutó, lo que obligó a la FGR a actuar de manera sigilosa. Este retraso alimenta las sospechas de complicidad en el ámbito local.
Los testimonios también revelan que el alcalde destinaba policías municipales para capturar a personas que escapaban del rancho o para llevar nuevas víctimas. Además, se reunía con líderes del CJNG, como “El Comandante Lastra” y “El Sapo”, para coordinar secuestros. Estas acusaciones pintan un panorama de corrupción profundamente arraigada.
La FGR ha criticado a la Fiscalía de Jalisco por omisiones en la investigación del rancho Izaguirre. Desde septiembre de 2024, cuando la Guardia Nacional intervino el lugar, las autoridades locales no analizaron exhaustivamente las pruebas. Esta inacción permitió que el sitio permaneciera sin custodia, complicando la recolección de evidencia.
El caso de Teuchitlán expone la fragilidad de la seguridad en Jalisco y la aparente connivencia de autoridades con el crimen organizado. Mientras las familias de desaparecidos claman justicia, la detención de Murguía es solo el primer paso en un caso que promete más revelaciones.
La audiencia de Murguía se extendió por horas, y sus abogados pidieron más tiempo para responder a las acusaciones. Por ahora, el edil permanece en prisión preventiva en Puente Grande, a la espera de que se defina su situación jurídica. El escándalo sigue creciendo, y la presión sobre las autoridades no cede.