En un caso que ha sacudido al Estado de México, Carlota N, una mujer de 74 años, junto con sus hijos Mariana y Eduardo, enfrentan una audiencia clave en los juzgados de Chalco. Los tres están acusados de homicidio calificado y tentativa de homicidio tras un enfrentamiento mortal el pasado 1 de abril. El incidente ocurrió en una vivienda en la Unidad Habitacional Ex Hacienda Guadalupe, donde presuntamente intentaron desalojar a personas que ocupaban la propiedad de manera indebida.
La Fiscalía General de Justicia del Estado de México sostiene que Carlota N disparó contra un padre de 51 años y su hijo de 19, causándoles la muerte, mientras que un menor de 14 años resultó herido. Según las autoridades, los acusados actuaron con ventaja al presentarse armados, lo que agrava los cargos en su contra. La defensa, por su parte, argumenta que la familia actuó en defensa de su patrimonio tras denunciar el despojo de la vivienda sin recibir respuesta de las autoridades.
El caso ha generado una ola de indignación en Chalco y más allá, con decenas de personas manifestándose afuera de los juzgados. Muchos consideran que Carlota N, conocida en redes como “la abuelita justiciera”, solo buscaba proteger su propiedad ante la inacción de las autoridades. Videos difundidos en redes sociales muestran a la familia discutiendo con los ocupantes y solicitando apoyo policial días antes del trágico desenlace.
La audiencia, que se reanudó tras una suspensión, busca determinar si Carlota y sus hijos serán vinculados a proceso. La defensa ha presentado pruebas, incluyendo un video que cuestiona la legalidad de su detención, alegando abuso policial. Los abogados también solicitaron que Carlota, por su edad avanzada y problemas de salud, pueda llevar el proceso en libertad, pero la decisión aún está en manos de la jueza.
El conflicto comenzó cuando Mariana N, hija de Carlota, denunció el despojo de la vivienda el 25 de marzo. A pesar de presentar la denuncia ante la Fiscalía de Chalco, no hubo intervención policial. El 31 de marzo, Mariana regresó al inmueble acompañada de policías municipales, pero estos no actuaron. Esta falta de respuesta llevó a la familia a tomar medidas drásticas, culminando en el enfrentamiento armado.
El caso ha destapado un problema más amplio en el Estado de México: el despojo de propiedades. Autoridades locales han reconocido que municipios como Chalco, Ixtapaluca y Ecatepec enfrentan una creciente ola de invasiones. La inseguridad y la falta de acción efectiva por parte de las instituciones han dejado a muchas familias en una situación de vulnerabilidad, obligándolas a recurrir a medidas desesperadas.
La defensa de Carlota N insiste en que la detención de la familia fue irregular. Según los abogados, agentes de la Policía de Investigación irrumpieron violentamente en un domicilio en Chicoloapan, golpearon a los acusados y los amenazaron. Eduardo N mostró en la audiencia lesiones que, según él, fueron causadas durante su arresto, mientras que Mariana denunció haber sido amenazada por los agentes.
El empresario Ricardo Salinas Pliego ha salido en defensa de Carlota, ofreciendo apoyo legal y calificando el caso como un ejemplo de la fallida seguridad en México. Para muchos, este caso refleja el hartazgo de los ciudadanos ante un sistema que no garantiza la protección de sus derechos. Sin embargo, las autoridades insisten en que nadie debe tomar la justicia por su propia mano.
Mientras la audiencia avanza, el futuro de Carlota, Mariana y Eduardo sigue en vilo. La jueza deberá decidir si las pruebas presentadas por la defensa son suficientes para cuestionar los cargos o si los tres permanecerán en prisión preventiva. Lo que es claro es que este caso ha encendido un debate sobre la justicia, la propiedad y la seguridad en México.
El desenlace de esta audiencia no solo determinará el destino de una familia, sino que podría sentar un precedente sobre cómo se aborda el problema del despojo en el país. En un contexto de creciente inseguridad, la historia de Carlota N resuena como un grito de frustración ante un sistema que, para muchos, ha dejado de proteger a los ciudadanos.