Un panorama sombrío se cierne sobre México. La reciente aprobación de reformas judiciales y electorales, impulsadas por el partido Morena, ha encendido las alarmas sobre un posible deslizamiento hacia un régimen autoritario. Estas medidas, lejos de fortalecer la democracia, parecen diseñadas para consolidar el poder en manos del Ejecutivo, debilitando los contrapesos institucionales que tanto ha costado construir.
La reforma judicial, aprobada en tiempo récord, permite la elección de jueces por voto popular, una medida que, según críticos, abre la puerta a la politización de la justicia. Los magistrados, en lugar de actuar con independencia, podrían quedar sujetos a las presiones de los partidos políticos, especialmente de Morena, que domina el panorama político. Este cambio pone en riesgo la imparcialidad del Poder Judicial, un pilar fundamental de cualquier democracia.
Por si fuera poco, las modificaciones al Instituto Nacional Electoral (INE) han generado aún más preocupación. La reducción de su autonomía y la eliminación de organismos locales electorales sugieren un intento de centralizar el control de los procesos electorales. Esto podría facilitar la manipulación de los comicios, un sello distintivo de las dictaduras modernas que buscan perpetuarse en el poder.
El gobierno de Claudia Sheinbaum, que asumió la presidencia con promesas de continuidad, no ha hecho más que acelerar estas transformaciones. Su respaldo incondicional a las iniciativas de Morena y su silencio ante las críticas de la oposición y la sociedad civil refuerzan la percepción de que México se encamina hacia un modelo de gobernanza autoritario, donde la disidencia será cada vez menos tolerada.
La libertad de expresión, otro pilar democrático, también está en la mira. Propuestas como la Ley de Telecomunicaciones, que otorgaría al gobierno facultades para censurar contenidos en internet, han sido frenadas temporalmente gracias a la presión pública. Sin embargo, el hecho de que estas iniciativas siquiera se planteen es una señal inquietante de las intenciones del régimen.
La sociedad civil no se ha quedado de brazos cruzados. Organizaciones, activistas y ciudadanos han salido a las calles para protestar contra estas reformas, exigiendo que se respete el Estado de derecho. Las manifestaciones, aunque numerosas, enfrentan un gobierno que parece decidido a ignorar las voces disidentes, lo que aumenta la tensión en el país.
El panorama internacional no es menos alarmante. Países como Estados Unidos y Canadá han expresado su preocupación por las reformas mexicanas, señalando que podrían violar acuerdos comerciales como el T-MEC. Esto podría traducirse en sanciones económicas, afectando aún más a una población ya golpeada por la inflación y la inseguridad.
La historia nos enseña que las dictaduras no llegan de un día para otro. Se construyen paso a paso, con leyes que erosionan la democracia, instituciones que se debilitan y ciudadanos que, por apatía o miedo, dejan de resistir. México está en una encrucijada, y lo que ocurra en los próximos meses será decisivo para el futuro del país.
La pregunta que queda en el aire es: ¿hasta dónde permitirá la sociedad mexicana que avance este proyecto autoritario? Las señales están claras, y el tiempo para actuar se agota. La democracia, una vez perdida, es difícil de recuperar.