La ciudad de Culiacán, Sinaloa, se convirtió en un campo de batalla tras la detención de Jesús Guzmán Castro, alias “El Chuy”, un peligroso integrante de la facción “Los Mayitos” del Cártel de Sinaloa. La captura ocurrió el lunes, pero lejos de traer calma, desató una de las peores jornadas de violencia en la región desde septiembre de 2024.
Guzmán Castro, requerido por Estados Unidos por cargos de conspiración y distribución de cocaína, fue arrestado en un operativo en Culiacán. Su detención, confirmada por el titular de Seguridad federal, Omar García Harfuch, también lo vincula a delitos como asociación delictuosa y lavado de dinero. Sin embargo, el impacto inmediato no fue la justicia, sino el caos.
Horas después de la captura, Sinaloa se vio sacudida por una ola de ataques armados, bloqueos y asesinatos. Diversos municipios del estado reportaron enfrentamientos, dejando a la población en medio del miedo y la incertidumbre. La violencia alcanzó niveles críticos, recordando los peores momentos de la narcoguerra en la región.
La detención de “El Chuy” no es un hecho aislado. Sinaloa lleva meses sumida en una lucha interna entre facciones del Cártel de Sinaloa, agravada desde la captura de otros líderes como Ismael “El Mayo” Zambada. Esta pugna por el control ha transformado a Culiacán en un lugar donde la vida cotidiana está marcada por el temor.
El gobierno federal ha intensificado los operativos en la zona, con decomisos récord de fentanilo y desmantelamiento de laboratorios de drogas sintéticas. Sin embargo, estas acciones parecen insuficientes para frenar la violencia. Los ciudadanos de Sinaloa viven atrapados entre los enfrentamientos de los cárteles y la aparente incapacidad de las autoridades para garantizar la seguridad.
La extradición de Guzmán Castro a Estados Unidos podría ser un golpe al crimen organizado, pero también un detonante de más violencia. Las autoridades mexicanas enfrentan el desafío de controlar a las facciones criminales, mientras la población paga el precio de una guerra sin fin.
La situación en Culiacán ha obligado a negocios como Pizza Hut e IHOP a cerrar sucursales, y hasta el equipo de fútbol Dorados de Sinaloa abandonó la ciudad por la inseguridad. Estos cierres reflejan el impacto económico y social de la crisis, que parece lejos de resolverse.
La captura de “El Chuy” es un recordatorio de que las acciones contra el narco, aunque necesarias, suelen venir acompañadas de un costo humano. Mientras el gobierno presume resultados, los sinaloenses enfrentan balas, miedo y la sensación de que la paz es un sueño cada vez más lejano.
En este contexto, la presión internacional, especialmente de Estados Unidos, ha influido en la estrategia mexicana contra los cárteles. Sin embargo, la pregunta sigue en el aire: ¿hasta cuándo podrá Sinaloa soportar esta espiral de violencia sin una solución de fondo?
La tragedia de Sinaloa no es solo un problema local; es un reflejo de los retos que enfrenta México en su lucha contra el crimen organizado. La captura de capos no parece ser suficiente para devolver la tranquilidad a una región que clama por seguridad.