El Senado de la República ha dado un paso controversial al definir las ponencias para los conversatorios sobre la nueva Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión, propuesta por la presidenta Claudia Sheinbaum. Este proyecto, que ha encendido las alarmas por posibles intentos de censura, será discutido en foros que arrancan este jueves 8 de mayo y se extenderán hasta el 22 del mismo mes. La decisión llega tras críticas que acusan al gobierno de Morena de buscar controlar medios y plataformas digitales.
Los conversatorios, organizados por las comisiones de Radio, Televisión y Cinematografía, Comunicaciones y Transportes, y Estudios Legislativos, contarán con la participación de 24 ponentes en su primera sesión. Entre ellos destaca José Antonio García Herrera, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión (CIRT), organismo que estará presente en todos los foros. También figuran Javier Juárez Mojica, presidente del Instituto Federal de Telecomunicaciones, y la académica Denise Dresser, conocida por sus posturas críticas.
El calendario de los foros abarca temas sensibles. El 8 de mayo se analizarán las políticas de telecomunicaciones y radiodifusión, mientras que el 13 de mayo se discutirá la cobertura social y el acceso al espectro radioeléctrico. El 15 de mayo estará dedicado a los servicios digitales, un tema que genera preocupación por el posible control de plataformas como Facebook, YouTube o X. Los días 20 y 22 de mayo se abordarán el servicio público de radiodifusión y los derechos de los usuarios, respectivamente.
La propuesta de Sheinbaum ha sido señalada por el polémico artículo 109, que otorga facultades a la Agencia de Transformación Digital para bloquear plataformas digitales sin criterios claros. Este punto ha desatado críticas de especialistas y opositores, quienes lo califican como una “ley mordaza” que amenaza la libertad de expresión. Incluso senadores de Morena, como Javier Corral, han admitido que el artículo podría ser modificado o eliminado tras los debates.
La CIRT, un actor clave en el sector, tendrá un rol protagónico al participar en todos los conversatorios. Su presencia busca garantizar que los intereses de los concesionarios de radio y televisión sean escuchados, en un contexto donde la iniciativa también plantea concentrar facultades en la Agencia de Transformación Digital, algo que preocupa a la industria por el riesgo de un control excesivo desde el gobierno.
El Senado ha habilitado un micrositio para que la ciudadanía pueda seguir las transmisiones, enviar preguntas y registrarse como ponente. Sin embargo, las solicitudes deben presentarse con al menos tres días de antelación, lo que podría limitar la participación de algunos sectores. Los foros serán transmitidos por el Canal del Congreso, pero la opacidad en torno a los criterios de selección de ponentes ha generado dudas sobre la apertura real del proceso.
Morena insiste en que la ley no busca censurar, pero las críticas no cesan. Organizaciones como Artículo 19 y la Asociación Mexicana de Internet han advertido sobre los riesgos de la iniciativa, especialmente en un país donde la libertad de expresión ya enfrenta desafíos. La presión de la sociedad civil y la oposición será clave para determinar si el Senado cede a las demandas de transparencia y pluralidad.
Tras los conversatorios, las comisiones elaborarán un nuevo dictamen que podría votarse en un periodo extraordinario en junio. La pregunta que queda en el aire es si el gobierno de Sheinbaum logrará imponer su visión o si las voces críticas obligarán a un replanteamiento profundo de la ley. Por ahora, el debate promete ser intenso y definirá el rumbo de las telecomunicaciones en México.
La participación de figuras como Denise Dresser y Javier Juárez Mojica anticipa un choque de posturas. Mientras el gobierno defiende la ley como una herramienta para la “soberanía tecnológica”, los detractores ven en ella un intento de consolidar el control sobre los medios. Los próximos días serán cruciales para entender hacia dónde se inclina la balanza.
El futuro de las plataformas digitales, la radio, la televisión y los derechos de los usuarios está en juego. La sociedad mexicana observa de cerca este proceso, consciente de que las decisiones que tome el Senado tendrán un impacto directo en la forma en que consumimos información y ejercemos nuestras libertades.