El presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, ha desatado una nueva controversia al retar al Instituto Nacional Electoral (INE) para que demuestre si el Senado tiene o no la facultad de retirar candidaturas judiciales antes de la elección del próximo 1 de junio. En un tono desafiante, Noroña insiste en que el proceso debe limpiarse de aspirantes no idóneos, señalando directamente a aquellos con presuntos nexos con el crimen organizado.
La polémica surge tras la insistencia del senador morenista en que el INE debe actuar de inmediato para cancelar el registro de al menos 20 candidatos a cargos judiciales, a quienes acusa de haber defendido a narcotraficantes o de haber liberado a delincuentes de manera sistemática. Según Noroña, el Senado no se quedará de brazos cruzados y ya prepara impugnaciones ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).
El INE, por su parte, ha respondido que no cuenta con las atribuciones legales para retirar candidaturas una vez que estas han sido registradas y las boletas están en proceso de impresión. Esta postura ha sido duramente criticada por Noroña, quien acusa al organismo electoral de evadir su responsabilidad y permitir que candidatos cuestionables permanezcan en la contienda.
El líder de la Mesa Directiva del Senado ha minimizado las justificaciones del INE, argumentando que la presencia de nombres en las boletas no es un impedimento para declarar no elegibles a ciertos aspirantes. En una conferencia reciente, Noroña aseguró que el Senado cuenta con pruebas sólidas para sustentar sus impugnaciones, aunque se ha negado a revelar los nombres de los candidatos señalados.
Esta no es la primera vez que Noroña arremete contra el INE. En semanas recientes, el senador ha cuestionado la organización del proceso electoral judicial, acusando al instituto de fallas en la verificación de los requisitos de idoneidad. Para él, la elección del 1 de junio debe ser un ejercicio impecable, libre de cualquier sombra de irregularidades.
El enfrentamiento ha generado reacciones encontradas. Mientras algunos sectores respaldan la postura de Noroña, considerando que busca garantizar la integridad del proceso, otros lo acusan de politizar la elección judicial y de presionar al INE para favorecer los intereses de Morena. La oposición, en particular, ha calificado sus acciones como un intento de manipular el proceso.
El caso ha puesto en el centro del debate la reforma judicial impulsada por el oficialismo, que busca establecer la elección popular de jueces, magistrados y ministros. Críticos señalan que las acusaciones de Noroña reflejan las fallas en los filtros de selección, aprobados por el propio Morena en el Congreso, lo que ha desatado críticas sobre la legitimidad del proceso.
Mientras tanto, el TEPJF será el encargado de resolver las impugnaciones presentadas por el Senado. La decisión del tribunal podría sentar un precedente sobre el alcance de las facultades del Senado y el INE en la depuración de candidaturas, en un contexto de alta tensión política.
La controversia no parece terminar aquí. Con la elección judicial a menos de un mes, las declaraciones de Noroña y las respuestas del INE seguirán alimentando el debate sobre la transparencia y la imparcialidad del proceso. El desenlace de este choque institucional será clave para definir el rumbo de la reforma judicial en México.