Los cargos contra Name, del partido Alianza Verde, y Calle, del Partido Liberal, incluyen cohecho impropio y peculado por apropiación a favor de terceros. Según las investigaciones, ambos habrían recibido pagos en efectivo del exsubdirector de Manejo de Desastres, Sneyder Pinilla, a cambio de impulsar reformas legislativas promovidas por el gobierno del presidente Gustavo Petro.
El caso salió a la luz tras las acusaciones de Pinilla, quien señaló que los congresistas intervinieron en la adjudicación irregular de contratos en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres. Estas contrataciones, destinadas a la gestión de emergencias, habrían sido manipuladas para beneficiar a terceros a cambio de sobornos millonarios.
La Corte Suprema detalló que los legisladores, durante sus roles como presidentes del Senado y la Cámara, se comprometieron a apoyar proyectos del gobierno a cambio de dinero. Este esquema de corrupción ha generado indignación en Colombia, donde la ciudadanía exige mayor transparencia en el manejo de recursos públicos.
Otro implicado en el escándalo es Carlos Ramón González, exdirector de la Dirección Nacional de Inteligencia y figura cercana al presidente Petro. La Fiscalía lo señala como el responsable de ordenar pagos de sobornos a congresistas para asegurar apoyo legislativo, lo que profundiza la crisis política en el país.
La orden de captura marca un punto crítico en las investigaciones, que comenzaron a finales de 2024 con citaciones a indagatoria para Name y Calle. La decisión de enviarlos a un centro carcelario, en lugar de una guarnición militar, subraya la gravedad de los cargos y la intención de las autoridades de hacer cumplir la ley sin privilegios.
Este escándalo ha puesto en el centro del debate la integridad de las instituciones colombianas. La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, creada para atender emergencias, se ve ahora envuelta en acusaciones que cuestionan su gestión y el uso de fondos destinados a salvar vidas.
Las reacciones no se han hecho esperar. Políticos de oposición han calificado el caso como una muestra de la corrupción sistémica en el gobierno, mientras que sectores oficialistas piden cautela hasta que las investigaciones concluyan. La ciudadanía, por su parte, sigue de cerca un caso que podría redefinir el panorama político de Colombia.
El proceso judicial contra Name y Calle continuará en las próximas semanas, con la Corte Suprema revisando pruebas y testimonios. Este caso, uno de los más sonados en la política reciente del país, promete mantener a Colombia en vilo mientras se esclarecen los hechos.