La noche del 3 de mayo, un concierto de la banda El Gran Silencio en Manzanillo, Colima, se convirtió en escenario de un grave incidente. Elementos de la policía municipal rociaron gas pimienta a los asistentes que disfrutaban del evento, afectando incluso a niños y al vocalista de la agrupación, Tony Hernández. Lo que debía ser una celebración musical terminó en caos, con personas buscando refugio mientras sufrían los efectos del gas.
La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima (CDHEC) no se quedó de brazos cruzados. El organismo anunció que abrió una investigación de oficio contra los policías involucrados, tras considerar que el uso de gas pimienta fue desproporcionado y violatorio de los derechos humanos. La queja se formalizó el 7 de mayo, y el Ayuntamiento de Manzanillo ya fue notificado para que rinda un informe sobre los hechos.
El incidente ocurrió durante las Fiestas de Mayo, en las instalaciones de la feria de Manzanillo. Según videos difundidos en redes sociales, los asistentes participaban en un “slam”, un baile típico de conciertos de rock, cuando los policías actuaron. Testigos aseguran que al menos dos elementos rociaron el gas, mientras otros custodiaban el lugar, algunos con el rostro cubierto, lo que generó mayor indignación entre la población.
Tony Hernández, vocalista de El Gran Silencio, denunció en redes sociales la prepotencia de los policías. Relató que el gas afectó su salud, dejándole un ojo rojo e irritado, y obligó a pausar el concierto para atender a los afectados. Criticó la ignorancia de los elementos, quienes, según él, no entendieron el contexto del baile y reaccionaron con violencia innecesaria.
El Ayuntamiento de Manzanillo, encabezado por la morenista Rosi Bayardo Cabrera, emitió un comunicado asegurando que la Dirección de Seguridad Pública y Policía Vial abrió una investigación interna. Según las autoridades, solo un elemento habría actuado de manera “errática”, aunque los videos sugieren la participación de más policías. Bayardo reiteró su compromiso con los derechos humanos, pero las promesas no han calmado el descontento social.
Griselda Martínez, exalcaldesa de Manzanillo, también alzó la voz. En redes sociales, señaló que el incidente daña la confianza que la ciudadanía había depositado en la policía local. Además, acusó que el uso de gas pimienta contra la población es una práctica recurrente en los gobiernos de Morena en Colima, recordando un caso similar en 2024 durante una protesta.
La indignación no se limita a los asistentes al concierto. La ciudadanía de Manzanillo exige claridad y justicia. La actuación policial ha sido calificada como un abuso de poder, especialmente porque el evento era familiar y no representaba una amenaza. La presencia de niños entre los afectados agrava aún más la situación, generando cuestionamientos sobre la preparación de los elementos para manejar multitudes.
La investigación de la CDHEC será clave para determinar responsabilidades. El organismo ha solicitado al Ayuntamiento información detallada sobre los protocolos de actuación de los policías y las circunstancias que llevaron al uso del gas pimienta. Mientras tanto, el caso ha reavivado el debate sobre la violencia policial y la falta de capacitación en las corporaciones municipales.
La respuesta de las autoridades locales ha sido tibia, según los críticos. Aunque el Ayuntamiento asegura que los afectados recibieron atención médica inmediata y que no hay casos graves, la percepción ciudadana es otra. La actuación de los policías no solo interrumpió un evento cultural, sino que dejó una marca en la confianza de la población hacia las instituciones.
El caso de Manzanillo pone en evidencia, una vez más, los problemas de seguridad y abuso de autoridad en Colima. Mientras la investigación avanza, los habitantes esperan que se castigue a los responsables y se tomen medidas para evitar que incidentes como este se repitan. La música y la diversión no deberían terminar en represión.