La Universidad de Harvard ha intensificado su batalla legal contra la administración de Donald Trump, acusándola de intentar controlar la educación superior a través de medidas ilegales. En una carta reciente, el Departamento de Educación de Estados Unidos, liderado por Linda McMahon, anunció la suspensión de todas las nuevas subvenciones y ayudas a la investigación destinadas a Harvard, una decisión que la universidad califica como un ataque directo a su autonomía.
El conflicto comenzó cuando el gobierno de Trump congeló más de 2,200 millones de dólares en fondos federales, exigiendo cambios en las políticas de admisión, contratación y planes de estudio de Harvard. Entre las demandas estaban la eliminación de programas de diversidad, la vigilancia de estudiantes extranjeros y auditorías externas para garantizar “diversidad de puntos de vista”. Harvard rechazó estas condiciones, argumentando que violan la Primera Enmienda de la Constitución estadounidense.
Alan Garber, presidente de Harvard, ha sido claro en su postura. En un comunicado, afirmó que la universidad no renunciará a su independencia ni a sus derechos constitucionales. Garber acusó al gobierno de usar el pretexto del antisemitismo para justificar acciones que, según él, buscan sofocar la investigación y el pensamiento crítico. La universidad sostiene que estas medidas no tienen base legal y afectan proyectos vitales.
La carta del Departamento de Educación, publicada en redes sociales, acusa a Harvard de incumplir con sus “obligaciones legales” y de promover un “racismo atroz” en sus procesos de admisión. También cuestiona la presencia de estudiantes extranjeros, insinuando que algunos podrían estar vinculados a actividades violentas. Harvard ha negado rotundamente estas acusaciones, asegurando que cumple con todas las normativas federales.
El enfrentamiento ha escalado a los tribunales, donde Harvard ha presentado una demanda contra la administración Trump. La universidad argumenta que la retención de fondos pone en riesgo investigaciones cruciales sobre enfermedades como el cáncer, la esclerosis múltiple y el Alzheimer. Según Garber, las consecuencias de estas acciones serán “graves y duraderas” para la ciencia y la innovación en Estados Unidos.
La decisión de Harvard ha resonado en otras instituciones educativas. Universidades como el MIT y Stanford han expresado su apoyo, destacando la importancia de defender la libertad académica. Incluso el expresidente Barack Obama, exalumno de Harvard, elogió la postura de la universidad, calificando las acciones de Trump como un intento “ilegal y torpe” de reprimir la educación superior.
El gobierno de Trump ha respondido con más presión, amenazando con revocar el estatus de exención fiscal de Harvard y prohibir la inscripción de estudiantes extranjeros. Estas medidas forman parte de una estrategia más amplia para reestructurar las universidades de élite, según la Casa Blanca, que acusa a estas instituciones de no proteger a los estudiantes judíos y de promover ideologías contrarias a los “valores estadounidenses”.
En el campus de Harvard, estudiantes y profesores han mostrado un apoyo abrumador a la resistencia de la universidad. Algunos comparan el espíritu de esta lucha con el orgullo que sienten en eventos deportivos contra Yale. Sin embargo, el ambiente también está marcado por la incertidumbre, ya que la batalla legal podría prolongarse y tener repercusiones en el financiamiento futuro.
Para Harvard, esta no es solo una lucha por fondos, sino por principios. La universidad, con un fondo de dotación de 53,000 millones de dólares, tiene los recursos para resistir, pero insiste en que ceder ante estas demandas sentaría un precedente peligroso para la autonomía de todas las instituciones educativas. El caso sigue en los tribunales, y su resultado podría definir el futuro de la relación entre el gobierno federal y las universidades estadounidenses.
Mientras tanto, el debate público se intensifica. Para algunos, Harvard se ha convertido en un símbolo de resistencia contra lo que consideran un gobierno autoritario. Para otros, las acciones de Trump son un intento legítimo de corregir lo que ven como excesos en las políticas universitarias. Lo cierto es que este conflicto trasciende a Harvard y pone en juego el papel de la educación en la democracia.