La Fiscalía General de la República ha intensificado su ofensiva contra Silvano Aureoles, exgobernador de Michoacán, al presentar un recurso para revocar la suspensión provisional que lo protege de ser detenido. Este movimiento marca un nuevo capítulo en un caso que destapa presuntas irregularidades millonarias durante su gestión.
Aureoles, ligado al PRD, enfrenta acusaciones graves por desviar más de 3 mil 400 millones de pesos en la construcción de siete cuarteles de la Guardia Civil. La Fiscalía sostiene que estos proyectos, con costos inflados, generaron un daño patrimonial significativo al estado de Michoacán.
El 21 de abril, un juez federal otorgó al exgobernador una suspensión provisional que frenó una orden de aprehensión en su contra. Esta medida, obtenida tras el pago de una fianza de 52 mil pesos, ha permitido a Aureoles evadir la justicia, según las autoridades.
La Fiscalía, a través de su Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, argumenta que Aureoles encabezó un esquema de desvío de recursos públicos. Los contratos para los cuarteles, adjudicados directamente a la inmobiliaria DIP, habrían tenido sobreprecios exorbitantes, con costos declarados de 4 mil millones de pesos frente a un valor real de apenas 700 millones.
Cuatro exfuncionarios de la administración de Aureoles ya están vinculados a proceso por peculado, lavado de dinero, administración fraudulenta y asociación delictuosa. Entre ellos se encuentran Carlos Maldonado, exsecretario de Finanzas, y José Antonio Bernal, exsecretario de Seguridad Pública, quienes permanecen en prisión preventiva.
El caso ha generado controversia, ya que Aureoles, considerado prófugo por la Fiscalía, habría evadido a las autoridades utilizando un helicóptero para trasladarse de Michoacán a Jalisco. La Interpol emitió una ficha roja en su contra, intensificando la búsqueda internacional.
El recurso presentado por la Fiscalía será analizado por un tribunal colegiado, que decidirá si revoca la suspensión provisional. De lograrse, Aureoles podría enfrentar detención inmediata, mientras el proceso penal en su contra avanza.
El actual gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, ha respaldado las investigaciones, asegurando que las denuncias contra Aureoles se presentaron tras detectar un “desorden inmenso” en las finanzas estatales. Ramírez ha señalado que los cuarteles costaron hasta diez veces más de su valor real.
Este escándalo pone en el centro del debate la gestión de Aureoles, quien gobernó Michoacán de 2015 a 2021. Las acusaciones de corrupción y el impacto en las finanzas públicas han generado indignación entre la población del estado.
La batalla legal entre la Fiscalía y Aureoles sigue en curso, con la posibilidad de que el exgobernador enfrente pronto la justicia. El desenlace de este caso podría sentar un precedente en la lucha contra la corrupción en gobiernos estatales.