El Instituto Nacional Electoral (INE) está en el ojo del huracán tras rechazar la petición del Senado para cancelar 26 candidaturas al Poder Judicial señaladas por presuntos vínculos con el narcotráfico. A pesar de las pruebas presentadas, el INE argumenta que no es su competencia y que cualquier revisión se hará después de las elecciones del 1 de junio.
El Senado, encabezado por Gerardo Fernández Noroña, estalló en críticas. Aseguró que los filtros fallaron y que es inaceptable que candidatos con antecedentes tan graves sigan en la contienda. Entre los señalados hay quienes han defendido a capos como el Z-40 de Los Zetas o han otorgado amparos para liberar narcotraficantes.
La presidenta Claudia Sheinbaum también ha sido señalada por su silencio. Mientras el Senado exige acción inmediata, el gobierno federal parece deslindarse, dejando que el Tribunal Electoral (TEPJF) decida. Esto ha generado sospechas sobre la influencia de Morena en el proceso electoral judicial.
El INE, por su parte, pidió al Senado entregar expedientes completos para justificar las impugnaciones. Sin embargo, Fernández Noroña insiste en que el tiempo apremia y que los nombres de estos candidatos no deberían estar en las boletas. La tensión crece a menos de un mes de la votación.
Organizaciones como Defensorxs han denunciado casos específicos, como el de un candidato que pasó seis años en prisión en Estados Unidos por tráfico de drogas. Estos señalamientos han encendido las alarmas sobre la integridad de la elección judicial, un proceso que prometía renovar la justicia en México.
La oposición, liderada por el PAN, ha calificado el proceso de “narcoelección”. Ricardo Anaya, coordinador panista, exigió cancelar los comicios, argumentando que están viciados de origen. Acusa a Morena de permitir que candidatos ligados al crimen organizado llegaran tan lejos.
Mientras tanto, la ciudadanía observa con preocupación. La falta de acción del INE y la aparente pasividad del gobierno federal han generado un clima de desconfianza. Muchos se preguntan si realmente se busca una justicia independiente o si intereses oscuros están detrás de estas candidaturas.
El próximo jueves, el INE formalizará su decisión de no retirar a los candidatos. El Senado ya anunció que llevará el caso al TEPJF, pero el tiempo juega en contra. La elección judicial, que debería ser un pilar de la democracia, está en riesgo de convertirse en un escándalo sin precedentes.