La clausura parcial de la planta Churubusco de Ternium, ordenada por la Profepa tras el derrame de 400 mil litros de químicos tóxicos en el arroyo La Talaverna, ha desatado críticas entre diputados locales de Nuevo León. Consideran que esta medida es insuficiente para castigar el grave daño ambiental causado por la siderúrgica, que afectó flora y fauna en un tramo de 11 kilómetros.
El pasado 17 de abril, un tanque de la planta colapsó, liberando cloruro ferroso, agua ácida y ácido clorhídrico. La contaminación llegó a los municipios de San Nicolás, Apodaca, Guadalupe y Pesquería, dejando un rastro de tortugas muertas y otros animales afectados. La Profepa clausuró solo el área de la Granja de Tanques, pero no impuso sanciones económicas ni medidas más drásticas.
Diputados como Claudia Chapa, presidenta de la Comisión de Medio Ambiente, han señalado que Ternium debe enfrentar consecuencias más severas. Proponen multas millonarias y revisiones constantes para evitar nuevos desastres. Chapa criticó la opacidad de la empresa, que no ha dado la cara a los vecinos afectados por el derrame.
Por su parte, Gabriela Govea, de la Comisión de Salud, subrayó que la salud de la población no puede quedar en riesgo por negligencias industriales. Exigió sanciones ejemplares y transparencia en el manejo de los recursos destinados a reparar el daño ambiental, como los generados por el impuesto verde.
Expertos como Carlos Álvarez Flores, de México Comunicación y Ambiente, han ido más lejos. Proponen una multa mínima de mil millones de pesos y la clausura definitiva de la planta. Argumentan que Ternium carece de planes efectivos de prevención y respuesta ante contingencias, lo que agrava el impacto de sus operaciones.
La Secretaría de Medio Ambiente de Nuevo León, encabezada por Alfonso Martínez, prometió una “sanción ejemplar” tras el vencimiento del plazo para que Ternium presentara su plan de remediación. Sin embargo, hasta ahora, no ha habido claridad sobre las medidas concretas, lo que ha generado dudas sobre la firmeza de las autoridades.
La presión social y política crece para que Ternium no solo repare el daño, sino que considere reubicarse fuera del área metropolitana de Monterrey. Legisladores como Víctor Fuentes han señalado que el costo de mantener a la empresa en la zona es mayor que el de su traslado, debido al impacto en la salud pública y el medio ambiente.
Mientras tanto, la Profepa mantiene supervisiones en el arroyo La Talaverna, donde se han observado labores de limpieza. Sin embargo, los reportes de fauna muerta y la falta de avances concretos en la remediación han intensificado las críticas hacia Ternium y las autoridades.
La exigencia de justicia ambiental no cede. Diputados y activistas coinciden en que la siderúrgica debe asumir responsabilidades más allá de una clausura parcial. La población espera medidas que garanticen la protección del entorno y eviten que tragedias como esta se repitan.
El caso de Ternium Churubusco sigue en el centro del debate, con voces que piden no solo sanciones, sino un cambio en el modelo industrial de Nuevo León. La resolución de este caso podría sentar un precedente para el manejo de empresas contaminantes en la región.