El gobierno de Brasil, encabezado por Luiz Inácio Lula da Silva, ha rechazado de manera contundente una solicitud del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para clasificar como organizaciones terroristas a dos de las principales facciones criminales del país: el Primer Comando de la Capital (PCC) y el Comando Vermelho (CV). La decisión fue comunicada durante una reunión en Brasília con enviados de la administración estadounidense, según fuentes del Ministerio de Justicia brasileño.
La postura de Brasil se basa en la consideración de que estas bandas criminales, aunque violentas y organizadas, operan con fines de lucro y no con motivaciones ideológicas o políticas, como suelen tener los grupos terroristas. El gobierno de Lula argumenta que clasificar al PCC y al CV como terroristas podría complicar las estrategias de seguridad interna, además de generar tensiones innecesarias en la relación bilateral con Estados Unidos.
Durante el encuentro, técnicos del Ministerio de Justicia brasileño explicaron que el país prefiere tratar a estas facciones como organizaciones delictivas comunes, sujetas a las leyes penales nacionales. Esta posición refleja el enfoque de la administración Lula, que busca evitar la militarización de la lucha contra el crimen organizado, una estrategia que ha sido criticada en otros países de la región.
Por su parte, la solicitud de Trump forma parte de una política más amplia de su administración, que ha intensificado la presión sobre los países latinoamericanos para que adopten medidas más duras contra el crimen organizado. En meses recientes, Estados Unidos ha designado a varios cárteles mexicanos y a la banda venezolana Tren de Aragua como organizaciones terroristas, lo que ha generado fricciones con gobiernos vecinos.
Fuentes en Washington han indicado que la negativa de Brasil no alterará la determinación de Estados Unidos de avanzar en su agenda. Algunos analistas sugieren que la administración Trump podría considerar medidas unilaterales, como sanciones económicas o restricciones a individuos vinculados con el PCC y el CV, aunque esto aún no ha sido confirmado.
La decisión brasileña ha generado reacciones mixtas. Mientras algunos sectores aplauden la defensa de la soberanía nacional, otros advierten que podría interpretarse como una falta de compromiso en la lucha contra el crimen transnacional. El PCC y el CV son conocidos por su influencia en el narcotráfico, el contrabando y la violencia en Brasil, con redes que se extienden a otros países sudamericanos.
El gobierno de Lula ha enfatizado que su estrategia contra estas facciones se centra en el fortalecimiento de las instituciones policiales y judiciales, así como en programas sociales para reducir las desigualdades que alimentan el crimen. Sin embargo, la violencia en las principales ciudades brasileñas, como São Paulo y Río de Janeiro, sigue siendo un desafío constante.
La relación entre Brasil y Estados Unidos, aunque históricamente sólida, podría enfrentar tensiones adicionales debido a este desacuerdo. Ambos países han colaborado en el pasado en temas de seguridad, pero la negativa de Brasil a alinearse con la política de Trump marca una diferencia significativa en sus enfoques para combatir el crimen organizado.
Este episodio refleja las complejidades de la cooperación internacional en un contexto donde los intereses nacionales y las prioridades políticas a menudo chocan. Mientras Brasil defiende su autonomía, Estados Unidos insiste en una visión más agresiva contra las redes criminales que, según Washington, representan una amenaza global.
La discusión sobre cómo clasificar y enfrentar a las bandas criminales en América Latina sigue abierta, y el caso de Brasil podría influir en otros países de la región que enfrentan presiones similares de parte de Estados Unidos. Por ahora, el gobierno de Lula se mantiene firme en su postura, priorizando un enfoque propio frente a las demandas externas.