Los integrantes del grupo musical Los Alegres del Barranco enfrentan serias acusaciones en Jalisco. Este martes, un juez penal en Puente Grande imputó a los músicos, junto con su representante y promotor, por presunta apología del delito. La controversia estalló tras un concierto el pasado 29 de marzo en el Auditorio Telmex de Zapopan, donde la banda proyectó imágenes de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación.
Durante su presentación, la agrupación interpretó narcocorridos como “El del Palenque” y “701”, dedicados a “El Mencho” y a Joaquín “El Chapo” Guzmán, respectivamente. Estas canciones, según las autoridades, exaltan a figuras del crimen organizado. La Fiscalía de Jalisco no tardó en actuar, abriendo una carpeta de investigación por considerar que los actos de la banda podrían promover la violencia y normalizar el narcotráfico.
La audiencia inicial tuvo lugar en el Juzgado 16 de Puente Grande. Los imputados, cinco músicos, un representante y un promotor, se abstuvieron de declarar ante el juez. La defensa solicitó un plazo de 144 horas para preparar su estrategia, por lo que la próxima audiencia está programada para el 12 de mayo. En esta sesión se determinará si son vinculados a proceso o no.
Como medidas cautelares, el juez ordenó que los acusados no pueden salir de Jalisco mientras se resuelve su situación jurídica. Además, deberán pagar una garantía económica de 1.8 millones de pesos en total, es decir, 300 mil pesos por cada uno. Estas condiciones reflejan la gravedad con la que las autoridades están manejando el caso.
El escándalo no es nuevo para Los Alegres del Barranco. A finales de marzo, su concierto en Zapopan desató críticas a nivel nacional. El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, condenó públicamente los hechos y anunció que se vetarán presentaciones de artistas que promuevan la criminalidad. Incluso la presidenta Claudia Sheinbaum se pronunció en contra de este tipo de espectáculos.
Las consecuencias han ido más allá de México. Tras la viralización de los videos del concierto, Estados Unidos revocó las visas de trabajo y turismo de los integrantes de la banda. El subsecretario de Estado, Christopher Landau, justificó la medida argumentando que no se permitirá la entrada de artistas que glorifiquen a criminales.
A pesar de las investigaciones, la agrupación continuó con presentaciones en Jalisco. En Cihuatlán y Tequila, proyectaron letras de narcocorridos en pantallas para que el público las cantara, una estrategia que no pasó desapercibida. La Fiscalía abrió dos nuevas carpetas de investigación por estos eventos, señalando que la banda persiste en conductas que podrían ser delictivas.
El caso ha reavivado el debate sobre los narcocorridos y su impacto en la sociedad. Mientras algunos defienden la libertad de expresión artística, otros argumentan que estas canciones fomentan la violencia en un país ya azotado por el crimen organizado. En estados como Nayarit, Chihuahua y Tijuana, ya existen regulaciones que prohíben la difusión de música que haga apología del delito.
Los Alegres del Barranco emitieron un comunicado el pasado 2 de abril, ofreciendo disculpas por las imágenes proyectadas en Zapopan. Aseguraron que su intención no era ofender y prometieron revisar el contenido de sus espectáculos. Sin embargo, sus acciones posteriores han generado dudas sobre la sinceridad de sus palabras.
El futuro de la agrupación pende de un hilo. Si son vinculados a proceso, podrían enfrentar hasta seis meses de prisión o trabajo comunitario, según el Código Penal de Jalisco. Este caso pone en el centro de la discusión los límites entre la libertad artística y la responsabilidad social en un contexto de inseguridad.