La Secretaría de Medio Ambiente de Nuevo León anunció que impondrá una sanción severa a la empresa Ternium tras el derrame de 400 mil litros de químicos tóxicos en el arroyo La Talaverna. El incidente, ocurrido el 17 de abril en la planta Churubusco, ha generado indignación por sus graves consecuencias ambientales.
Alfonso Martínez, titular de la Secretaría, señaló que la sanción busca ser un precedente para evitar futuros desastres. La empresa, dirigida por Máximo Vedoya, enfrenta críticas por la falta de transparencia y la magnitud del daño causado a la fauna y el ecosistema.
El derrame de cloruro ferroso y agua ácida afectó 11 kilómetros del arroyo, impactando municipios como San Nicolás, Apodaca, Pesquería y Guadalupe. Vecinos reportaron la muerte de animales, incluyendo borregos, cabras y gallinas, tras consumir agua contaminada.
Glen Villarreal, director de Parques y Vida Silvestre, documentó la muerte de tortugas de concha blanda, una especie protegida. La presencia de castores, símbolo de recuperación ambiental, también está en riesgo, según expertos.
Ternium aseguró que el arroyo está normalizado tras labores de limpieza con 150 brigadistas. Sin embargo, las autoridades y la ciudadanía cuestionan la efectividad de estas medidas, exigiendo acciones más contundentes.
El gobierno estatal analiza incluso la reubicación de la planta Churubusco, ubicada en una zona metropolitana en expansión. Martínez subrayó que ninguna industria está por encima de la salud de los neoleoneses.
La Comisión Nacional del Agua ya sancionó a Ternium, pero la presión crece para que la empresa asuma responsabilidades penales. Activistas y legisladores demandan el cierre definitivo de la planta si no se regulariza.
José Daniel Borrego, activista, presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República. Aseguró que los químicos derramados representan un delito ambiental grave, desmintiendo las afirmaciones de Ternium sobre la supuesta inocuidad del derrame.
El plazo para que Ternium entregue un plan de remediación venció, y las autoridades prometen no tolerar más negligencias. La ciudadanía espera que las promesas de castigo se traduzcan en justicia para el medio ambiente.
Este caso ha reavivado el debate sobre la regulación de industrias contaminantes en Nuevo León. La sociedad exige un equilibrio entre desarrollo económico y la protección de los recursos naturales.