Un grupo de 14 jueces federales ha levantado la voz y llevado su caso hasta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para denunciar graves violaciones a sus derechos humanos derivadas de la polémica reforma judicial impulsada por el expresidente Andrés Manuel López Obrador. La reforma, aprobada en septiembre de 2024, está en el ojo del huracán por supuestamente atentar contra la independencia judicial.
Los jueces, representados por el programa Cyrus R. Vance Center for International Justice del Colegio de Abogados de Nueva York, aseguran que la reforma los afectó directamente. Argumentan que el cambio, que elimina la carrera judicial y establece la elección de jueces por voto popular, vulnera principios fundamentales como la igualdad y la no discriminación, además de impactar negativamente la participación de mujeres en el Poder Judicial.
La denuncia presentada ante la CIDH no busca revertir la reforma, pues las elecciones de jueces están programadas para el 1 de junio de 2025. En cambio, los juzgadores exigen una reparación integral por el daño causado a su carrera, su honra y su derecho a impartir justicia. Este movimiento marca un precedente histórico, ya que es la primera vez que jueces mexicanos acuden a un organismo internacional con esta magnitud.
María Emilia Molina, presidenta de la Asociación Mexicana de Juzgadoras y una de las demandantes, destacó que aún hay tiempo para corregir las injusticias sufridas por los jueces afectados. Su mensaje es claro: la reforma, aunque ya implementada, dejó heridas que deben ser sanadas para garantizar la justicia en México.
La reforma judicial, respaldada por la actual presidenta Claudia Sheinbaum, ha sido defendida por el gobierno como una medida para erradicar la corrupción y democratizar el Poder Judicial. Sin embargo, los críticos aseguran que es un ataque directo a la independencia de los jueces, diseñado para consolidar el control político de Morena sobre las instituciones.
Este no es el primer intento de los jueces por frenar la reforma. En agosto de 2024, más de mil juzgadores federales presentaron un escrito ante la CIDH alertando sobre un posible “golpe de Estado técnico”. Esa acción derivó en una audiencia pública en noviembre, donde se expusieron los riesgos de la reforma para la democracia mexicana.
La CIDH, como órgano autónomo de la Organización de Estados Americanos, no tiene el poder de derogar la reforma, pero sus resoluciones tienen un peso simbólico importante. Si la Comisión encuentra méritos en la denuncia, podría emitir recomendaciones al Estado mexicano, incluyendo medidas de reparación y garantías de no repetición.
El caso ha generado tensiones en un momento delicado para el gobierno de Sheinbaum, que enfrenta críticas internas y presiones externas, como las relacionadas con el comercio con Estados Unidos. La respuesta oficial del gobierno aún no se ha hecho pública, pero el debate sobre la reforma judicial está lejos de terminar.
Para los jueces, esta lucha trasciende sus derechos individuales. Aseguran que lo que está en juego es la independencia del Poder Judicial y, con ello, la protección de los derechos humanos de todos los mexicanos. La CIDH ahora tiene la palabra, y su decisión podría marcar un hito en la historia judicial de México.
Mientras tanto, la ciudadanía observa con atención cómo se desarrolla este conflicto, que pone en entredicho el equilibrio de poderes en el país. La reforma de AMLO, presentada como una solución a la corrupción, sigue generando controversia y polarización en cada paso.