Más de mil jueces y magistrados federales han levantado la voz contra la polémica reforma judicial impulsada por el gobierno de Morena. En un movimiento sin precedentes, presentaron una queja formal ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en Washington, acusando que esta reforma atenta contra los derechos humanos y la democracia en México.
La reforma, promovida por el expresidente Andrés Manuel López Obrador y respaldada por la actual presidenta Claudia Sheinbaum, propone la elección de jueces, magistrados y ministros por voto popular. Según los juzgadores, esto representa un “golpe de Estado técnico” que busca desmantelar la independencia del Poder Judicial.
En su escrito, los magistrados Michele Franco y Rogelio Alanís, quienes entregaron el documento en la CIDH, aseguran que la reforma no solo pone en riesgo los derechos laborales de los jueces, sino que también amenaza la protección de los derechos humanos de todos los mexicanos. Argumentan que la elección popular politizaría la justicia y debilitaría los contrapesos democráticos.
Los jueces denuncian que los diálogos previos a la aprobación de la reforma fueron una simulación. Aseguran que el proceso legislativo se llevó a cabo con una celeridad que impidió un análisis profundo y desoyó las críticas de la sociedad civil, la academia y organismos internacionales.
Organismos como Human Rights Watch y la Federación Latinoamericana de Magistrados han respaldado las preocupaciones de los jueces. Advierten que la reforma podría aumentar la corrupción en el Poder Judicial, lejos de combatirla, como asegura el gobierno de Morena.
En la audiencia del 12 de noviembre de 2024 ante la CIDH, representantes del gobierno mexicano defendieron la reforma, calificándola como un “mandato popular”. Sin embargo, los comisionados cuestionaron cómo se garantizará la independencia de los jueces electos frente a influencias de élites o el crimen organizado.
La Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito (Jufed) ha prometido seguir luchando en instancias nacionales e internacionales. Su directora, Juana Fuentes, señaló que no descansarán hasta restablecer el orden constitucional y proteger la justicia independiente.
El caso ha escalado a la arena internacional, pero el gobierno de Morena ha descalificado a la CIDH, acusándola de servir a intereses conservadores. Mientras tanto, la incertidumbre crece sobre el futuro de la justicia en México.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación no logró frenar la reforma, lo que ha llevado a los jueces a buscar apoyo en tribunales internacionales. La batalla por la independencia judicial está lejos de terminar.
Este enfrentamiento pone en evidencia las tensiones entre el gobierno federal y el Poder Judicial. La resolución de la CIDH podría marcar un precedente en la defensa de los derechos humanos y la democracia en el país.