Hace un año, el CCH Naucalpan fue escenario de un violento ataque porril que dejó un estudiante muerto y varios heridos. La tragedia, ocurrida el 8 de mayo de 2024, marcó a la comunidad estudiantil y desató promesas de mayor seguridad que, hasta hoy, no se han cumplido.
El ataque, perpetrado por presuntos estudiantes del Colegio de Bachilleres 5, involucró detonaciones de petardos y agresiones físicas. Óscar Yael, un joven de 19 años de la FES Acatlán, perdió la vida al intentar escapar. La comunidad educativa exigió justicia y medidas urgentes para proteger a los estudiantes.
Pese a las demandas, las autoridades del plantel y del gobierno municipal no han implementado las medidas prometidas. La instalación de cámaras de seguridad en el perímetro del CCH y frente al Colegio de Bachilleres 5, propuesta tras el ataque, sigue sin concretarse. Los comercios cercanos que venden alcohol a menores continúan operando sin restricciones.
En febrero de 2025, la violencia escaló nuevamente. Disparos y explosiones de petardos dentro del plantel obligaron a suspender clases. Tres jóvenes fueron detenidos, dos de ellos vinculados a proceso, pero la sensación de inseguridad persiste entre estudiantes y profesores.
Un mes después, en marzo, un estudiante atacó a un profesor de francés con un arma blanca. Este incidente, que llevó al cierre temporal del plantel, evidenció la falta de protocolos efectivos. Las clases se trasladaron a modalidad en línea, mientras las autoridades prometían revisar la seguridad.
El director del CCH Naucalpan, Keshava Quintanar, anunció medidas como la instalación de un arco detector de metales y campañas contra la violencia. Sin embargo, estudiantes y trabajadores denuncian que estas acciones no se han materializado, dejando al plantel vulnerable.
Padres de familia y alumnos han protestado por la inacción del gobierno municipal y estatal. Acusan a las autoridades de Naucalpan de no coordinar operativos efectivos para prevenir la violencia. La policía local, señalada por su falta de preparación, no ha logrado contener a los grupos porriles.
La UNAM ha condenado los actos violentos, calificándolos como intentos de desestabilización. Sin embargo, las mesas de diálogo con estudiantes y padres no han dado resultados concretos. La comunidad educativa exige un plan integral que garantice su seguridad.
El CCH Naucalpan permanece en un estado de incertidumbre. Los estudiantes, profesores y trabajadores viven con el temor de nuevos ataques, mientras las autoridades parecen incapaces de responder. La tragedia de hace un año sigue sin justicia ni soluciones.
La falta de avances en seguridad refleja un problema más amplio en las instituciones educativas. La comunidad del CCH Naucalpan continúa esperando que las promesas se traduzcan en acciones reales para proteger sus vidas.