En el Estado de México, el proceso electoral para renovar el Poder Judicial enfrenta un nuevo desafío. El Instituto Electoral del Estado de México (IEEM) confirmó que ya se recibió la primera solicitud de protección por parte de un candidato. Este hecho prende las alarmas sobre la seguridad en un ejercicio democrático que, por primera vez, permitirá a los mexiquenses elegir a jueces y magistrados.
La solicitud fue presentada ante las autoridades electorales, quienes ahora deberán analizar el caso. Según Amalia Pulido Gómez, consejera presidenta del IEEM, cualquier candidato que sienta su seguridad comprometida puede pedir protección. Sin embargo, este primer caso pone en evidencia las posibles vulnerabilidades de un proceso que involucra a 398 aspirantes a 91 cargos judiciales.
El IEEM ya firmó convenios con la Fiscalía de Justicia y la Secretaría de Seguridad estatal para garantizar la protección de los candidatos. A pesar de esto, la falta de solicitudes previas no elimina la preocupación. La mayoría de los aspirantes han optado por campañas discretas, utilizando redes sociales y material reciclable, lo que podría estar limitando su exposición a riesgos.
El proceso electoral judicial, que culminará el 1 de junio, es uno de los más complejos en la historia del Edomex. Con 54 millones de boletas y la participación de más de 13 millones de votantes, la logística es monumental. Sin embargo, la seguridad sigue siendo un tema crítico, especialmente tras experiencias pasadas en elecciones locales donde se han implementado protocolos para proteger a miles de candidatos.
La elección judicial busca renovar cargos clave, como la presidencia del Tribunal Superior de Justicia y 30 magistraturas. Pero la sombra de la inseguridad podría afectar la confianza en el proceso. En un estado donde la violencia ha sido un problema recurrente, garantizar un entorno seguro para los candidatos es una prioridad que no puede ignorarse.
A nivel nacional, el Instituto Nacional Electoral (INE) reportó que no existen casillas en “foco rojo” para esta elección. Sin embargo, las zonas de riesgo por cuestiones geográficas o sociales están identificadas. En el Edomex, las autoridades electorales aseguran que el proceso avanza sin contratiempos, pero este primer caso podría ser solo la punta del iceberg.
La consejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei, señaló que la seguridad se aborda en mesas de trabajo con las autoridades correspondientes. Aunque el crimen organizado no es competencia directa del INE, la colaboración con las fuerzas de seguridad es constante. En el Edomex, el IEEM mantiene un enfoque similar, pero la solicitud de protección reaviva el debate sobre la efectividad de estas medidas.
La elección judicial es vista como un ensayo para la jornada electoral de 2027, cuando se renovarán ayuntamientos y diputaciones. Por ahora, el proceso en el Edomex está bajo escrutinio. La capacidad de las autoridades para responder a estas solicitudes de protección será clave para mantener la legitimidad de un ejercicio que promete transformar el Poder Judicial.
Mientras los candidatos continúan sus campañas, la ciudadanía espera que el proceso se desarrolle sin incidentes. La primera solicitud de protección es un recordatorio de los retos que enfrenta el Edomex en materia de seguridad. La pregunta sigue en el aire: ¿podrán las autoridades garantizar un proceso electoral justo y seguro?