La ola de pinchazos en el Metro de la Ciudad de México ha desatado una crisis de inseguridad que tiene a los capitalinos en alerta. En las últimas semanas, se han reportado decenas de casos de usuarios que denuncian haber sido víctimas de piquetes con jeringas, algunos con sustancias desconocidas. Los síntomas van desde mareos y somnolencia hasta desmayos, generando un clima de miedo en el transporte público.
La respuesta del gobierno de Clara Brugada, jefa de Gobierno de la CDMX, ha sido cuestionada por su lentitud y falta de resultados. Según las autoridades, se han registrado 33 casos de pinchazos en el Metro, pero solo 15 presentan lesiones compatibles con una punción y apenas cuatro han confirmado sustancias tóxicas. La opacidad en las investigaciones ha alimentado la desconfianza de los ciudadanos.
Morena, en un intento por calmar las aguas, anunció una campaña informativa liderada por legisladores locales. A partir del 5 de mayo, diputados morenistas repartirán volantes en estaciones del Metro para informar sobre las medidas tomadas. Sin embargo, muchos ven esta acción como un intento desesperado por salvar la imagen del partido ante la creciente indignación.
La diputada Brenda Ruiz, de Morena, salió a defender las acciones del gobierno, afirmando que solo cuatro víctimas han presentado denuncias formales. Además, acusó a la oposición de hacer un uso político del tema, calificando sus críticas como “mezquinas”. Estas declaraciones han sido recibidas con escepticismo por los usuarios, quienes exigen soluciones concretas y no discursos.
Por su parte, Clara Brugada anunció el despliegue de 5,800 policías adicionales en el transporte público, incluyendo agentes encubiertos y operativos con binomios caninos. Aunque la medida suena prometedora, los capitalinos recuerdan promesas similares en el pasado que no lograron frenar la delincuencia en el Metro.
La Secretaría de Seguridad Ciudadana, encabezada por Pablo Vázquez, insiste en que no hay un patrón claro en los ataques, lo que complica las investigaciones. Las víctimas, que incluyen hombres y mujeres de diversas edades, reportan piquetes en distintas partes del cuerpo, desde tobillos hasta la espalda. La falta de claridad sobre las sustancias usadas solo aumenta la incertidumbre.
Organizaciones civiles y colectivos feministas han alzado la voz, exigiendo protocolos más efectivos y una respuesta contundente. La activista Fernanda Torres, del colectivo No Es Una Somos Todas, señaló que muchas víctimas no denuncian por miedo o desconfianza en las autoridades, lo que podría estar ocultando la verdadera magnitud del problema.
Mientras tanto, la oposición no ha perdido la oportunidad de señalar las fallas del gobierno morenista. Partidos como el PAN han acusado a las autoridades de minimizar la crisis y exigido reforzar la seguridad en el Metro. Sin embargo, sus propuestas han sido desestimadas por Morena, que insiste en que el problema no está relacionado con secuestros ni abuso sexual.
La situación ha llevado a los usuarios a tomar medidas por su cuenta, como usar ropa más gruesa o viajar en grupo. La sensación de inseguridad en el Metro, un sistema que mueve a millones de personas diariamente, es un reflejo del deterioro en la confianza hacia las autoridades capitalinas.
A medida que los pinchazos siguen generando titulares, la presión sobre el gobierno de Clara Brugada crece. Los capitalinos no quieren más campañas informativas ni promesas vacías; exigen un transporte público seguro y respuestas claras ante una crisis que parece lejos de resolverse.