El activista Luis Ávila ha levantado la voz contra el gobierno de Nuevo León por su aparente inacción frente al grave daño ambiental causado por la empresa Ternium en el arroyo La Talaverna. Según Ávila, las autoridades han fallado en exigir responsabilidades a la siderúrgica tras el derrame de 400 mil litros de químicos tóxicos, un incidente que ha generado indignación entre la población.
El pasado 18 de abril, la planta de Ternium en Churubusco, ubicada entre Monterrey y San Nicolás, dejó escapar cloruro ferroso y agua ácida que contaminaron 11 kilómetros del arroyo. Este suceso no solo afectó el ecosistema, sino que también puso en riesgo la salud de las comunidades cercanas, según denuncias de vecinos y especialistas.
Roberto Chavarría, exdirector de Parques y Vida Silvestre de Nuevo León, advirtió que el derrame ha impactado a diversas especies, incluyendo tortugas, peces, ranas y castores, cuya presencia era un indicador de recuperación ambiental. La muerte de animales como borregos y cabras, que bebieron agua contaminada, ha intensificado las críticas hacia la empresa.
Ternium, por su parte, afirmó que el material derramado no representa un peligro y que ha realizado labores de limpieza con 150 brigadistas. Sin embargo, los análisis de laboratorio que reportan resultados dentro de parámetros normales han sido cuestionados por expertos y residentes, quienes señalan la visible pigmentación rojiza en el arroyo como evidencia de los daños.
Ávila acusó al gobierno estatal, encabezado por Samuel García, de ser permisivo con Ternium, una de las principales contaminantes de la zona metropolitana de Monterrey. Según el activista, la falta de sanciones efectivas refleja una preocupante negligencia que prioriza intereses económicos sobre la salud pública y el medio ambiente.
La Secretaría de Medio Ambiente estatal, a cargo de Alfonso Martínez Muñoz, anunció que evalúa sanciones, incluyendo el cierre o reubicación de la planta. Sin embargo, estas declaraciones no han convencido a la ciudadanía, que exige medidas inmediatas y no solo promesas de “castigos ejemplares”.
Diputados locales como Claudia Chapa y Gabriela Govea han demandado inspecciones regulares a Ternium por parte de autoridades federales como Profepa y Semarnat. También han criticado la opacidad de la empresa, que no ha dado respuestas claras a los afectados ni ha asumido plenamente su responsabilidad.
El caso de Ternium no es nuevo. Informes previos de la Semarnat han colocado a la siderúrgica en el top 10 de emisores de metales pesados como plomo, cromo y cadmio en Nuevo León, sustancias altamente tóxicas que afectan la salud humana y el entorno.
La indignación crece en San Nicolás, Apodaca, Pesquería y Guadalupe, municipios afectados por el derrame. Vecinos como Salvador Fuentes, de 69 años, aseguran que han lidiado con la contaminación de Ternium desde hace décadas, sin que las autoridades logren frenar estos incidentes.
Este escándalo ambiental pone en evidencia la fragilidad de los controles industriales en Nuevo León y la necesidad de una acción contundente para proteger el medio ambiente y la salud de la población. La presión ciudadana y legislativa sigue en aumento, mientras Ternium permanece en el centro de la controversia.