José Ascensión Murguía Santiago, presidente municipal de Teuchitlán, Jalisco, fue detenido por la Fiscalía General de la República acusado de estar relacionado con los crímenes cometidos en el rancho Izaguirre. Este predio, identificado como un centro de adiestramiento del Cártel Jalisco Nueva Generación, ha sacudido al municipio y al país entero.
El edil, conocido por ser odontólogo y haber gobernado Teuchitlán en tres ocasiones, fue aprehendido el sábado por elementos de la Agencia de Investigación Criminal. Las autoridades federales lo trasladaron a la Ciudad de México, donde enfrentará cargos que podrían incluir delincuencia organizada.
El rancho Izaguirre, ubicado en la comunidad de La Estanzuela, operaba desde 2021 como un campo de reclutamiento forzado y entrenamiento criminal. Según testimonios, jóvenes de diversos estados eran engañados con falsas ofertas de empleo y llevados al lugar, donde sufrían torturas si intentaban escapar.
La detención de Murguía Santiago marca un hito en la investigación, siendo el primer funcionario público capturado por este caso. Fuentes federales señalan que el alcalde, del partido Movimiento Ciudadano, habría omitido actuar pese a conocer las actividades ilícitas en el rancho.
El colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco desempeñó un papel clave al denunciar la existencia del rancho. En marzo, encontraron restos óseos, ropa y objetos personales que podrían pertenecer a personas desaparecidas, lo que intensificó las investigaciones.
El fiscal general, Alejandro Gertz Manero, confirmó que el rancho era un centro operativo del Cártel Jalisco Nueva Generación, aunque descartó que funcionara como crematorio clandestino. Sin embargo, las pruebas recolectadas, incluyendo prendas y testimonios, apuntan a crímenes graves.
Murguía Santiago había negado cualquier vínculo con el rancho en entrevistas previas, asegurando que desconocía su existencia debido a su ubicación remota. También expresó preocupación por el impacto económico en Teuchitlán, un municipio que depende del turismo.
La captura del alcalde ha generado indignación y preguntas sobre la complicidad de autoridades locales. El caso del rancho Izaguirre expone la crisis de violencia y desapariciones que azota a México, con más de 120 mil personas no localizadas.
Las investigaciones continúan, y la Fiscalía General de la República analiza posibles nexos de otras autoridades con el cártel. Mientras tanto, colectivos de buscadores exigen justicia y transparencia en un caso que ha conmocionado a Jalisco.