En un nuevo capítulo de la ola de violencia que azota el Estado de México, Oscar Amant Balderas Ojeda fue sentenciado a 28 años y 5 meses de prisión por robar con violencia a pasajeros de una unidad de transporte público en Naucalpan. Los hechos, que ocurrieron en 2023, reflejan la inseguridad que enfrentan a diario miles de ciudadanos en la entidad.
El asalto tuvo lugar en una combi que circulaba por el Boulevard Luis Donaldo Colosio, una de las zonas más transitadas de Naucalpan. Balderas Ojeda, armado con una pistola, amagó a los pasajeros y al conductor, exigiendo sus pertenencias bajo amenazas de muerte. La rápida intervención de las autoridades permitió su captura, pero el caso deja en evidencia la vulnerabilidad de los usuarios del transporte público.
La Fiscalía General de Justicia del Estado de México presentó pruebas contundentes que demostraron la culpabilidad del sujeto. Entre las evidencias se incluyeron testimonios de las víctimas, grabaciones de cámaras de seguridad de la unidad y el arma utilizada en el atraco. El juez no dudó en imponer una sentencia ejemplar, que también incluye una multa económica.
Este no es un caso aislado. Naucalpan, junto con otros municipios como Ecatepec y Tlalnepantla, se ha convertido en un foco rojo para los asaltos a transporte público. En 2024, la Fiscalía reportó más de 3,800 carpetas de investigación por robos en unidades colectivas, la mayoría cometidos con violencia. Los números no mienten: la delincuencia sigue ganando terreno.
Los pasajeros, hartos de la situación, han protagonizado en el pasado episodios de justicia por mano propia. Videos virales han mostrado a usuarios enfrentándose a asaltantes, desarmándolos y golpeándolos. Sin embargo, estas acciones no resuelven el problema de fondo: la falta de seguridad en las calles y la impunidad que permite a los delincuentes actuar con descaro.
El gobierno municipal de Naucalpan ha prometido reforzar la vigilancia en las zonas de mayor incidencia delictiva, pero los resultados son escasos. Las autoridades locales aseguran que trabajan en coordinación con la Fiscalía y la Secretaría de Seguridad estatal, pero los ciudadanos siguen sintiéndose desprotegidos al abordar una combi o caminar por las calles.
La sentencia contra Balderas Ojeda es un paso en la dirección correcta, pero no basta. Los habitantes de Naucalpan exigen medidas concretas: más patrullajes, mejor iluminación en las vialidades y sanciones más duras para los delincuentes. Mientras tanto, el transporte público sigue siendo un espacio de riesgo para miles de personas.
El caso también pone en la mira al gobierno estatal, que no ha logrado contener la escalada de violencia. A pesar de los discursos y las promesas, la inseguridad en el Estado de México continúa siendo una de las principales preocupaciones de la ciudadanía. La pregunta sigue en el aire: ¿hasta cuándo habrá un cambio real?