La Fiscalía General de Justicia del Estado de México ha intensificado su batalla contra el crimen organizado con los operativos Bastión, Enjambre y Atarraya, estrategias que han marcado un hito en la seguridad del estado. Estas acciones, lideradas por el fiscal José Luis Cervantes Martínez, han puesto en jaque a grupos delictivos y funcionarios corruptos, revelando una red de complicidades que ha sacudido a la entidad.
El Operativo Bastión, ejecutado el 28 de marzo, apuntó directamente a las entrañas de la Familia Michoacana. Con un despliegue masivo en municipios como Amatepec, Luvianos y Tejupilco, las autoridades aseguraron 21 inmuebles vinculados a los hermanos Johnny y José Alfredo Hurtado Olascoaga, líderes de este cártel. Ranchos, casas y bodegas fueron confiscados, muchos registrados bajo prestanombres con la presunta complicidad de autoridades locales.
Por su parte, el Operativo Enjambre ha destapado una cloaca de corrupción en los gobiernos municipales. Desde noviembre de 2024, más de 50 servidores públicos, incluidos directores de seguridad y alcaldes, han sido detenidos por nexos con el crimen organizado. Figuras como la presidenta municipal de Amanalco, María Elena Martínez, y exfuncionarios de Nicolás Romero enfrentan cargos por delitos graves como homicidio, secuestro y extorsión.
El Operativo Atarraya, enfocado en bares, chelerías y barberías usados como fachadas delictivas, ha asegurado más de 600 establecimientos en 45 municipios. Desde Naucalpan hasta Texcoco, estos lugares servían para el trasiego de drogas, trata de personas y planeación de crímenes. En un solo día, el 7 de febrero, se clausuraron 312 barberías señaladas por actividades ilícitas.
La gobernadora Delfina Gómez, de Morena, ha presumido los resultados de estas operaciones, destacando la coordinación con fuerzas federales. Sin embargo, las detenciones de funcionarios ligados a su partido han levantado cuestionamientos sobre la profundidad de la corrupción en su administración. La sombra de la impunidad sigue siendo una preocupación para los mexiquenses.
La violencia en el Estado de México no da tregua, y estos operativos reflejan la magnitud del problema. La Familia Michoacana, uno de los principales objetivos, continúa operando en la región de Tierra Caliente, desafiando a las autoridades. Los cateos y arrestos no han sido suficientes para frenar por completo sus actividades, lo que genera incertidumbre entre la población.
A pesar de los avances, las críticas no se han hecho esperar. Legisladores como Gerardo Pliego han señalado errores en los procedimientos, advirtiendo sobre el riesgo de inculpar a inocentes. La presión sobre la Fiscalía para perfeccionar sus métodos es creciente, mientras los ciudadanos exigen resultados concretos y no solo operativos espectaculares.
El impacto de estas acciones se refleja en las cifras. Según la Fiscalía, los delitos de alto impacto disminuyeron un 5.15 por ciento en 2024, con caídas significativas en robo con violencia y feminicidio. Sin embargo, la percepción de inseguridad persiste, alimentada por la falta de sentencias firmes contra los detenidos.
La lucha contra el crimen en el Edomex está en un punto crítico. Mientras los operativos Bastión, Enjambre y Atarraya han asestado golpes importantes, el desafío es monumental. La ciudadanía observa con escepticismo, esperando que estas acciones no sean solo un espectáculo mediático, sino el inicio de una verdadera transformación.
El tercer informe de labores de la Fiscalía, presentado el 30 de abril, subraya el compromiso de seguir adelante. Con más de 580 servidores públicos procesados en un año, el mensaje es claro: nadie está por encima de la ley. Pero en un estado donde la delincuencia ha permeado instituciones, la batalla está lejos de terminar.