El colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco volvió al Rancho Izaguirre, en Teuchitlán, un lugar que ha estremecido a México por su oscuro pasado. Este predio, señalado como un campo de exterminio del crimen organizado, fue escenario de un nuevo ingreso el 2 de mayo, tras semanas de exigencias de las familias de desaparecidos. Acompañados por la Guardia Nacional y la Fiscalía General de la República, los buscadores lograron acceso gracias a una orden judicial que reconoció su derecho a participar en las investigaciones.
El Rancho Izaguirre, ubicado en la comunidad de La Estanzuela, es un símbolo de la violencia que azota Jalisco. Desde marzo, cuando el colectivo descubrió restos humanos y crematorios clandestinos, el lugar ha sido centro de controversia. Las autoridades locales han sido cuestionadas por su lenta respuesta y presuntas omisiones, dejando a las familias en una búsqueda desesperada por respuestas. Este nuevo ingreso busca esclarecer si hay más evidencias ocultas en el terreno.
En septiembre de 2024, la Guardia Nacional ya había intervenido el rancho, deteniendo a 10 personas y rescatando a dos secuestradas. Sin embargo, la magnitud del horror no se conoció hasta que los buscadores, guiados por una llamada anónima, hallaron cientos de objetos personales, como zapatos y mochilas, junto a restos óseos calcinados. La Fiscalía de Jalisco afirmó que no había hornos tradicionales, pero los colectivos insisten en que las estructuras encontradas eran usadas para desaparecer cuerpos.
El colectivo Guerreros Buscadores ha denunciado una falta de transparencia en las investigaciones. Aseguran que en el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses hay al menos 17 lotes de restos óseos, incluyendo cráneos y fémures, recuperados del rancho. Estas evidencias contradicen las declaraciones del fiscal general, Alejandro Gertz Manero, quien afirmó que no hay pruebas concluyentes de incineración humana en el lugar.
Las familias de los desaparecidos han enfrentado obstáculos para participar en las pesquisas. Inicialmente, la Fiscalía General de la República les negó el acceso, argumentando que solo personal autorizado podía ingresar. Esta exclusión generó críticas, ya que fueron los buscadores quienes descubrieron el campo de exterminio, poniendo en riesgo su seguridad para visibilizar la crisis de desapariciones en México.
El caso del Rancho Izaguirre expone la grave situación de inseguridad en Jalisco, el estado con el mayor número de personas desaparecidas en el país. Según el Registro Nacional de Personas Desaparecidas, México acumula más de 120 mil casos, y lugares como este rancho evidencian la impunidad con la que opera el crimen organizado. La falta de acción efectiva de las autoridades ha dejado a las familias solas en su lucha.
Durante su ingreso, los buscadores insistieron en la necesidad de dignidad y transparencia en el proceso. No solo buscan restos, sino también justicia para sus seres queridos. El predio, con sus muros de concreto y edificaciones abandonadas, guarda historias de dolor que las familias se niegan a olvidar. Cada objeto encontrado, desde una mochila hasta un par de zapatos, es un recordatorio de las vidas truncadas.
El regreso al Rancho Izaguirre no es solo una búsqueda de evidencias, sino un grito contra la indiferencia. Las familias de los desaparecidos han convertido su dolor en resistencia, enfrentándose a un sistema que parece proteger más a los criminales que a las víctimas. Mientras las autoridades prometen avances, los buscadores siguen cavando, con la esperanza de encontrar respuestas en un lugar marcado por la tragedia.