En un movimiento que intensifica las políticas antiinmigrantes, varios estados gobernados por republicanos en Estados Unidos han comenzado a restringir las licencias de conducir otorgadas a migrantes sin permiso de residencia. Florida, Wyoming y Tennessee lideran estas acciones, invalidando permisos emitidos por otros estados a personas sin estatus legal.
En 2023, Florida, bajo el mando del gobernador Ron DeSantis, se convirtió en el primer estado en declarar inválidas las licencias de conducir de otros estados destinadas a migrantes indocumentados. Conducir con uno de estos permisos en Florida es ahora un delito menor, castigado con multas o incluso tiempo en prisión.
Wyoming siguió el ejemplo este año, implementando una prohibición similar. En Tennessee, el gobernador ha anunciado que firmará una legislación que prohíbe estas licencias, enviando un mensaje claro contra la presencia de migrantes sin autorización legal.
Estas medidas contrastan con las políticas de 19 estados y Washington D.C., donde se emiten licencias de conducir sin exigir pruebas de residencia legal. Estados como Connecticut y Delaware han otorgado miles de permisos a migrantes, pero estos documentos son los principales objetivos de las restricciones en estados republicanos.
La ley de Florida, por ejemplo, solo considera inválidas las licencias marcadas específicamente como “solo para conducir” de Connecticut y Delaware. Connecticut ha emitido cerca de 60,700 de estos permisos a migrantes sin estatus legal, según datos recientes.
Además de Florida, Wyoming y Tennessee, al menos otros seis estados liderados por republicanos, como Alabama, Montana y Nueva Hampshire, han propuesto o avanzado en legislaciones similares. En Alabama, el senador Chris Elliott ha declarado que estas leyes buscan desalentar la llegada y permanencia de migrantes sin estatus legal.
Organizaciones comunitarias han advertido sobre las consecuencias de estas restricciones. La Asociación de Trabajadores Agrícolas de Florida señaló que las leyes generan incertidumbre legal y afectan la movilidad de personas que dependen de estas licencias para trabajar y vivir.
A partir del 7 de mayo de 2025, la Ley REAL ID entrará en vigor, exigiendo estándares nacionales para licencias aceptadas en instalaciones federales y vuelos comerciales. Esto podría complicar aún más la situación para los migrantes, ya que las licencias restringidas no cumplirán con estos requisitos.
El debate sobre estas medidas refleja una división profunda en Estados Unidos. Mientras algunos estados promueven la inclusión, otros refuerzan políticas que limitan los derechos de los migrantes, intensificando las tensiones en un contexto de creciente polarización.