México enfrenta una crisis que no puede seguir ignorándose: más de 127,000 personas desaparecidas y no localizadas, según Amnistía Internacional. La organización señala que este problema es un tema ineludible que pone en evidencia las fallas estructurales del país en materia de derechos humanos.
Edith Olivares Ferreto, directora ejecutiva de Amnistía Internacional México, ha sido clara: cuando las autoridades niegan la existencia de desapariciones forzadas, están ofendiendo a las familias que buscan incansablemente a sus seres queridos. Estas declaraciones chocan directamente con el discurso oficial del gobierno, que ha minimizado la gravedad del problema.
El Comité contra la Desaparición Forzada de las Naciones Unidas ha calificado esta situación como sistemática y generalizada. Este organismo internacional ha puesto el dedo en la llaga, acusando al Estado mexicano de no garantizar la seguridad de su población ni buscar activamente a las personas desaparecidas.
Amnistía Internacional también critica la estrategia de militarización en México, que lleva 17 años sin dar resultados. Según Olivares, la presencia del Ejército en tareas de seguridad pública ha fracasado rotundamente, dejando al país más peligroso que nunca. La pregunta es: ¿qué están ocultando las autoridades?
El informe reciente de Amnistía, titulado La situación de los Derechos Humanos en el Mundo, expone cómo las desapariciones forzadas son solo una parte de las violaciones sistemáticas en México. Desde detenciones arbitrarias hasta el uso excesivo de la fuerza, los derechos humanos están bajo constante amenaza.
Otro punto alarmante es la intención del gobierno de reclasificar el delito de desaparición forzada. Según Amnistía, esto podría debilitar la protección de los colectivos de búsqueda, quienes arriesgan su vida para encontrar a sus familiares. Esta maniobra ha generado indignación entre las víctimas y sus defensores.
La colaboración del gobierno mexicano con figuras como Donald Trump también preocupa a la organización. Amnistía advierte que esta relación podría agravar los ataques contra migrantes, en un contexto donde los grupos anti-derechos ganan terreno en la región.
La crisis de desapariciones no es solo un número: es el dolor de miles de familias que claman justicia. Mientras el gobierno sigue negando la realidad, organismos internacionales exigen acciones concretas para frenar esta tragedia que avergüenza a México.