En la Ciudad de México, un grupo de activistas ha levantado la voz para exigir que el aborto sea eliminado del Código Penal local. La propuesta, impulsada por organizaciones como GIRE e Ipas Latinoamérica y el Caribe, busca que este procedimiento deje de ser considerado un delito y se regule únicamente como un servicio de salud. Según las activistas, esta medida garantizaría un acceso más seguro y libre de estigmas para mujeres y personas gestantes.
La iniciativa, presentada en el Congreso de la Ciudad de México, cuenta con el respaldo de varios partidos, incluyendo Morena, Movimiento Ciudadano y el PRI. Sin embargo, el Partido Acción Nacional (PAN) ha decidido mantenerse al margen de esta propuesta. Las organizaciones detrás del proyecto argumentan que criminalizar el aborto vulnera los derechos reproductivos y perpetúa la discriminación contra las mujeres, especialmente aquellas en condiciones de vulnerabilidad.
Desde 2007, la capital del país permite la interrupción legal del embarazo hasta las 12 semanas de gestación. No obstante, después de este plazo, el procedimiento puede ser considerado un delito, con penas que van de tres a seis meses de prisión para las mujeres y los médicos involucrados. Las activistas señalan que esta restricción genera incertidumbre jurídica y obstaculiza el acceso a servicios de salud dignos.
Un punto central de la propuesta es eliminar los límites de tiempo gestacional para el aborto. Según las organizaciones, establecer plazos estrictos fomenta abortos inseguros, especialmente en comunidades marginadas donde el acceso a la información y los servicios médicos es limitado. La Organización Mundial de la Salud respalda esta postura, recomendando la despenalización total para garantizar la seguridad de las mujeres.
Sin embargo, la iniciativa no ha estado exenta de críticas. Grupos conservadores, como el colectivo Mujeres de México, han rechazado la propuesta, argumentando que permitir el aborto sin restricciones temporales podría incrementar los riesgos para la salud de las madres y agotar los recursos del sistema de salud pública. Algunos incluso han calificado la medida como un ataque directo a la vida.
Las activistas a favor de la despenalización insisten en que el aborto debe ser tratado como un tema de salud pública, no como un asunto penal. Fernanda Díaz de León, subdirectora de Ipas LAC, destacó que sacar el aborto del Código Penal daría certeza jurídica al personal médico y eliminaría el temor a ser procesado por brindar este servicio. Esto, aseguran, facilitaría una atención más humana y eficiente.
Datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública revelan que, desde 2015, se han abierto más de mil 240 carpetas de investigación por aborto en la Ciudad de México. Las activistas subrayan que muchas de estas investigaciones se relacionan con abortos espontáneos o casos donde las mujeres no tuvieron acceso oportuno a servicios médicos, lo que agrava la criminalización.
El Congreso de la Ciudad de México ya aprobó un dictamen en comisiones para avanzar con la reforma, pero la discusión en el pleno se ha pospuesto. Las organizaciones a favor de la despenalización confían en que la iniciativa sea retomada pronto, lo que convertiría a la capital en la primera entidad en América Latina en eliminar por completo el delito de aborto.
La controversia sigue dividiendo opiniones. Mientras las activistas celebran el posible avance en los derechos reproductivos, los opositores advierten sobre las implicaciones éticas y de salud pública. La Ciudad de México se encuentra en una encrucijada que podría marcar un precedente histórico en la región.