La Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) ha cerrado cuatro de sus oficinas en México debido a severos recortes financieros. Las sedes afectadas se encuentran en Palenque y Tuxtla Gutiérrez, en Chiapas; Tenosique, en Tabasco; y Guadalajara, en Jalisco. Este movimiento responde a una crisis económica global que ha golpeado duramente las operaciones de la agencia.
La decisión de cerrar estas oficinas, dos de ellas ubicadas en la frontera con Guatemala, ha generado preocupación entre activistas y organizaciones de apoyo a migrantes. Estas sedes eran puntos clave para atender a miles de personas que buscan refugio o protección en México, un país que enfrenta crecientes flujos migratorios.
ACNUR ha aclarado que no abandonará México, pero mantendrá solo ocho oficinas operativas. Estas se encuentran en Ciudad de México, Tapachula, Aguascalientes, San Luis Potosí, Saltillo, Monterrey, Villahermosa, Ciudad Juárez y Tijuana. La reestructuración busca optimizar recursos en medio de la difícil situación financiera.
La operación de ACNUR en México ha dependido en gran medida de fondos provenientes de Estados Unidos. Sin embargo, la congelación de financiamiento impulsada por el gobierno de Donald Trump ha agravado la crisis, forzando a la agencia a tomar medidas drásticas, como el despido de 190 empleados.
El cierre de estas oficinas ocurre en un contexto complicado para México. En 2024, la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR) procesó casi 80,000 solicitudes de asilo, un aumento del 40% respecto al año anterior. Este incremento refleja la creciente presión sobre el sistema de protección a migrantes y refugiados.
A pesar de los avances, como la digitalización y el uso de tecnología biométrica en COMAR, el sistema de asilo enfrenta serias limitaciones. ACNUR ha señalado que las restricciones presupuestales y la falta de alternativas legales para los migrantes han sobrecargado las capacidades del gobierno mexicano.
El informe “Un hogar en México”, presentado por ACNUR, también reveló datos alarmantes sobre desplazamiento interno. En 2023, más de 320,700 familias mexicanas abandonaron sus hogares debido a la violencia y el crimen, con Chiapas como una de las zonas más afectadas, donde 11,000 personas fueron desplazadas.
Organizaciones civiles han expresado su inquietud por el impacto de estos cierres en las comunidades migrantes. Las oficinas cerradas eran esenciales para brindar asistencia humanitaria en regiones críticas, donde los migrantes enfrentan riesgos como la violencia y la explotación.
La reestructuración de ACNUR llega en un momento en que México enfrenta retos humanitarios significativos. La violencia en estados como Chiapas y Tabasco, combinada con la llegada constante de migrantes, subraya la necesidad de fortalecer los mecanismos de protección y asistencia.
Mientras ACNUR busca adaptarse a esta nueva realidad, la pregunta persiste: ¿cómo afectará esta reducción de operaciones a las miles de personas que dependen de su apoyo? La crisis financiera global y las políticas de financiamiento internacional continúan dejando huella en los esfuerzos humanitarios en México.