En un hallazgo que sacude a Colima, la Fiscalía General de la República confirmó el descubrimiento de 44 restos óseos en fosas clandestinas ubicadas en el municipio de Ixtlahuacán. Este macabro descubrimiento, realizado en el rancho El Guamúchil, en la comunidad de Agua de la Virgen, pone en evidencia la crisis de inseguridad que azota al estado y la aparente incapacidad de las autoridades para frenar la violencia.
Las fosas fueron localizadas entre enero y abril de 2024, pero no fue hasta abril de 2025 que la información se hizo pública. Este retraso en la divulgación ha generado indignación entre los colectivos de búsqueda y las familias de personas desaparecidas, quienes exigen respuestas claras y acciones concretas del gobierno.
El operativo, encabezado por la Fiscalía General de la República, se derivó de la investigación por la desaparición del abogado Ricardo Arturo Lagunes Gasca y del líder comunal Antonio Díaz Valencia, ambos vistos por última vez en Tecomán, Colima, en enero de 2023. Este caso pone en el centro del debate la falta de avances en la búsqueda de miles de personas desaparecidas en el país.
María del Carmen Sepúlveda, integrante de la Red de Desaparecidos en Colima, reveló que los restos encontrados en el predio de 42 hectáreas estaban cercenados y quemados, en su mayoría pertenecientes a mujeres de entre 25 y 39 años. Este detalle ha intensificado el clamor por justicia y la exigencia de identificar a las víctimas.
La Fiscalía de Colima ha entregado 888 perfiles forenses para agilizar el proceso de identificación, y hasta el momento se ha logrado identificar a tres personas reportadas como desaparecidas en Michoacán y Guanajuato. Sin embargo, el proceso podría tomar meses debido a la complejidad de los análisis genéticos y la falta de recursos especializados.
El hallazgo en Ixtlahuacán no es un caso aislado. Colima se encuentra entre los estados con mayor número de fosas clandestinas en México, solo por detrás de Veracruz y Tamaulipas. En 2023, la Fiscalía estatal reportó el descubrimiento de 55 fosas con 92 restos en Tecomán, lo que refleja la magnitud de la crisis.
Colectivos de búsqueda, como la Red de Desaparecidos en Colima, han criticado la opacidad de las autoridades y la falta de coordinación entre los niveles de gobierno. Durante las excavaciones, se les impidió el acceso al predio, lo que generó desconfianza en el manejo de la investigación.
La reunión del 29 de abril en la Ciudad de México, convocada por la Fiscalía General de la República, buscó compartir información con los colectivos y avanzar en la identificación de los restos. Sin embargo, las familias consideran que estas acciones llegan tarde y no abordan el problema de fondo: la violencia descontrolada en el estado.
Este descubrimiento pone en tela de juicio las estrategias de seguridad del gobierno de Morena en Colima. Mientras las fosas clandestinas siguen apareciendo, la ciudadanía se pregunta cuánto tiempo más se permitirá que la impunidad reine en el estado.
La tragedia de Ixtlahuacán es un recordatorio doloroso de las miles de familias que buscan a sus seres queridos en un país donde la desaparición forzada se ha convertido en una herida abierta. La identificación de los restos y la justicia para las víctimas son demandas urgentes que no pueden seguir siendo ignoradas.