La administración de Donald Trump ha solicitado a la Corte Suprema de Estados Unidos que elimine el Estatus de Protección Temporal (TPS) que ampara a aproximadamente 350 mil venezolanos en el país. Esta medida, de ser aprobada, dejaría a estos migrantes sin protección legal contra la deportación y sin permisos de trabajo, exponiéndolos a ser expulsados.
El TPS es un programa que permite a migrantes de países en crisis, como Venezuela, vivir y trabajar legalmente en Estados Unidos. La solicitud de Trump llega tras la revocación en febrero de este beneficio por parte de la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, quien argumentó que su continuación era contraria al interés nacional.
En marzo, un juez federal en San Francisco bloqueó temporalmente la eliminación del TPS, considerando que la decisión parecía basarse en estereotipos negativos. La administración Trump apeló, pero un tribunal federal de apelaciones respaldó la decisión del juez, lo que llevó al gobierno a escalar el caso hasta la Corte Suprema.
La controversia se centra en la legalidad de la revocación del TPS. Organizaciones defensoras de migrantes, como la Alianza Nacional de TPS, han argumentado que la medida es discriminatoria y carece de fundamentos sólidos, citando declaraciones de Trump y Noem que relacionan a los venezolanos con criminalidad.
El programa TPS fue establecido en 1990 para proteger a migrantes de países afectados por conflictos, desastres naturales o condiciones extraordinarias. Durante el gobierno de Biden, Venezuela fue designada para este beneficio debido a la crisis humanitaria en el país, una decisión que fue extendida hasta 2023.
La administración Trump sostiene que el TPS debe ser flexible y que el Ejecutivo tiene la autoridad para determinar su aplicación. En su apelación, el Departamento de Justicia argumenta que los tribunales inferiores han obstaculizado las prerrogativas del gobierno en materia de política migratoria.
Este caso representa uno de los varios enfrentamientos legales entre la administración Trump y los tribunales federales. La Corte Suprema ya ha intervenido en disputas migratorias, como el uso de la Ley de Enemigos Extranjeros para deportaciones, lo que refleja la tensión en torno a las políticas migratorias de Trump.
Si la Corte Suprema falla a favor del gobierno, los 350 mil venezolanos afectados podrían enfrentar deportaciones masivas, perdiendo la estabilidad que el TPS les ha brindado. Organizaciones de derechos humanos han expresado su preocupación por el impacto humanitario de esta medida.
El desenlace de este caso podría sentar un precedente sobre el manejo del TPS y la autoridad del Ejecutivo en políticas migratorias. Mientras tanto, la comunidad venezolana en Estados Unidos permanece en incertidumbre, a la espera de una resolución que definirá su futuro.